El dueño de los perros de Covelo se enfrenta a entre 1 y 3 años de cárcel

Con casi toda probabilidad, la vía penal seguirá adelante en los juzgados de Ponteareas ante la gravedad de las lesiones causadas, según explicó a Europa Press el abogado compostelano Evaristo Nogueira. La propia Guardia Civil, al margen de las diligencias administrativas, por no contar con los papeles de los perros en regla, abrió la investigación a la vía penal contra el acusado, que tenía en su casa dos canes de razas potencialmente peligrosas —cruce de dogos de Burdeos con bóxer— sin identificar debidamente. Al margen de la aplicación de la Ley gallega de bienestar animal, en la que se recogen multas administrativas para los casos más graves que pueden ascender hasta los 30.000 euros, el ataque entra dentro de los supuestos del Código Penal.

El delito de lesiones imprudentes tiene una pena de tres a seis meses o multa de seis a 18 meses, además de la responsabilidad civil. Pero va más allá en los casos graves, es decir, si la lesión causa pérdida total de un órgano o miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad física y grave enfermedad somática o psíquica. El caso de Covelo entra en este supuesto, toda vez que la mujer perdió las dos piernas. Según el jurista, su hija, que presenció los hechos, también podría reclamar por las secuelas que sufra.

El Código Penal también establece la obligación de hacerse cargo de las consecuencias físicas como parte de la responsabilidad civil, para lo que es obligatorio contar con seguro, pero la investigación por ahora ha detectado que el dueño de los perros de Covelo no contaba con los papeles de los perros en regla. La ley española obliga a contratar un seguro de no menos de 120.000 euros por perros de razas potencialmente peligrosas , aunque esta cuantía mínima es mayor en la mayoría de comunidades (como en Galicia, que alcanzan los 125.000 euros) y, de hecho, se recomienda que la póliza ascienda a los 180.000 euros. Por su parte, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 30.000 euros para el dueño cuando se pone en riesgo la salud pública o animal, según recoge la Ley de bienestar animal.