Estado de alarma: Galicia insiste en su rechazo por su carácter extraordinario y «coste reputacional enorme»

En línea con lo expresado en varias ocasiones por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo , a lo largo de esta semana, las citadas fuentes subrayan que el estado de alarma, como el estado de excepción o el toque de queda, « tiene un coste reputacional enorme para una España ya muy dañada por la pandemia y su gestión».

La Xunta es partidaria de que se apliquen «restricciones de movilidad o de distintas actividades, siempre con criterios homogéneos ». De hecho, el Gobierno gallego lo viene haciendo desde el verano y tiene en marcha limitaciones tan potentes como el cierre perimetral de la tercera ciudad más poblada, Orense, en Santiago solo se permiten reuniones de convivientes y en toda Galicia las congregaciones de tipo social y familiar están limitadas a cinco personas.

«La Xunta siempre es partidaria de anticiparse y de tomar las medidas que sean necesarias y, de hecho, hemos acordado importantes restricciones y limitaciones con una incidencia de casos muy inferior a la de otros territorios», inciden, pero «siempre a través de medidas sanitarias y no de excepción».

«Desde la Xunta llevamos meses defendiendo lo mismo: es necesaria una reforma de la legislación sanitaria para poder actuar con las máximas garantías y tomar medidas. La necesidad de la reforma es casi un clamor en el ámbito jurídico y los propios altos tribunales autonómicos citan en sus sentencias que es preciso abordarla», añaden desde el Gobierno gallego en alusión a una reivindicación que se convirtió en un clásico de las reuniones dominicales de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

Desde la Xunta se recuerda que Feijóo, siempre contrario al estado de alarma y adalid de una nueva legislación, ad hoc para hacer frente a la pandemia, rmeitió al Gobierno una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Salud, «que evitaría la situación de incertidumbre que se está dando de nuevo en la actualidad y que es consecuencia de la inacción del Gobierno ». «Hemos perdido seis meses en los que podíamos estar listos para actuar ante esta segunda ola. Necesitamos una ley sanitaria para resolver un problema sanitario, una ley para la pandemia», hacen hincapié las citadas fuentes.