Los Franco y el próximo Meirás: la Casa Cornide

La Casa Cornide, un palacete del s. XVIII en la ciudad vieja coruñesa, no tiene la fuerza simbólica de Meirás, residencia oficial durante los veranos del dictador, y hasta el momento los investigadores e historiadores no han encontrado rastro documental de que se gestionara, como ocurría con el Pazo, desde la Casa Civil del Generalísimo , y por tanto, con cargo al erario estatal. De hecho, Cornide fue una residencia utilizada principalmente por Carmen Polo y no tanto por Franco, sobre todo tras la muerte de este en 1975 y con mayor asiduidad si cabe después del incendio de Meirás tres años más tarde.

La historia de la casona de la calle Damas ha encontrado un primer relato en el estudio que hicieron público en julio un grupo de expertos dirigidos por el profesor de Historia Contemporánea de la USC, Emilio Grandío. Hasta ahora, se pensaba que Cornide fue adquirida por el Estado en 1949 para ubicar allí el Conservatorio, el Ayuntamiento decidió permutarlo por otros terrenos en 1958 —aunque el canje se ejecuta en 1962— y cuando recibe el inmueble lo saca a subasta pública, donde Barrié de la Maza lo adquiere para posteriormente revenderlo a la esposa del dictador.

Sin embargo, los expertos intuyen una intencionalidad desde mucho antes de 1962 para que Franco acabara poseyendo la Casa Cornide, y la atribuyen al entonces alcalde, Alfonso Molina, supuesto ideólogo de la operación, que no vería culminada tras morir en febrero de 1959. «Esto estaba en su cabeza», opina Grandío en conversación con ABC, «Carmen Polo venía más a La Coruña que Franco, y necesitaba un espacio que no fuera tan grande como Meirás». Era una necesidad «que no estaba registrada en ningún papel oficial, pero que Molina la contempla como tal», en su condición de «amigo estrecho de los Franco».

La Casa Cornide fue de titularidad privada hasta 1949. Pertenecía a Carmen Vázquez Pardo, que aunque no residió nunca allí sí lo cedió o arrendó para diversos usos. Ese año lo adquiere el Ministerio de Educación Nacional por 339.000 pesetas con el fin de convertirse en el nuevo «Conservatorio de Música y Declamación» de la ciudad. En el primer proyecto constructivo se hacía constar que la distribución interior no valía para tal propósito, y que tan solo se conservaría la fachada del edificio original. Así que el Ayuntamiento empieza a barajar la opción de llevar el conservatorio a Figueiras, donde se acabó construyendo. Para eso ofrece en 1958 la citada permuta al Estado. Según Grandío, «desde el 57 ya hay una intención muy clara, contrastada con planos y proyectos» de que se pretende ese canje. La decisión es adoptada en un pleno municipal el 15 de septiembre de 1958, por la tarde.

La ejecución de la permuta se retrasa hasta 1962, seguramente condicionada por la muerte de Alfonso Molina. Su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, es el alcalde que acuerda en pleno llevar a cabo la enajenación de la Casa Cornide a través de una subasta pública el 3 de julio de 1962, y la fecha de la misma será el 2 de agosto. Pero el día antes, el administrador de las propiedades de los Franco, Ricardo Catoira, recoge en una carta a un alto cargo del Ministerio de Hacienda que todo el proceso formaría parte de «la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo». «Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña», añade.

Los Franco no compraban directamente. El ganador de la puja fue Pedro Barrié de la Maza, el mismo que impulsó la Junta Pro-Pazo del Caudillo en 1938. El financiero pagó 305.000 pesetas , es decir, por debajo de lo que en su día abonó el Estado. El 6 de agosto, Barrié vendía Cornide a Carmen Polo por 25.000 pesetas, «una disminución injustificada del 1.220% en tres días».

El informe histórico también recoge, como novedad, una serie de gastos de reparación y mejora en el inmueble entre 1962 y 1976, es decir, siendo ya un bien privado de los Franco, sufragados por el Concello herculino, y que ascenderían a 8.105€. Esta parte, firmada por el jefe de Urbanismo del consistorio, estima que «faltaría por determinar si fueron pagados los impuestos municipales tanto de alcantarillado, recogida de residuos sólidos o el IBI que como tal inmueble privado corresponde».