Cerco al eucalipto y cooperación local: lecciones que deja el «octubre negro»

A la crisis social y medioambiental provocada por el fuego le siguió una tormenta política de la que la Xunta quiso salir imponiéndose sus propios deberes. La primera semana de noviembre —casi veinte días después de la tragedia—, Alberto Núñez Feijóo compareció en el Parlamento autonómico con una batería de ideas bajo el brazo y una oferta de pacto a la oposición con la que marginar el problema crónico de los incendios del cortoplacismo de la trifulca política.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo perfiló la necesidad de endurecer las penas contra los incendiarios —a quienes acusó de «terroristas»—, impulsar la colaboración con los ayuntamientos, embridar la expansión del eucalipto o aplicar la tecnología a la vigilancia del rural. Así hasta treinta. Incluida una guinda:la creación de una «comisión específica» que prologara un acuerdo «de país» sobre la política forestal y las medidas antiincendios.

Aquello se hizo realidad. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, fue la encargada ayer de clausurar un foro parlamentario en el que se citaron 62 cargos institucionales, agentes del sector y expertos.

A todos, y a la sociedad gallega en general, les dejó el mensaje de que la Xunta se tomó los hechos de octubre muy en serio y que ha puesto toda la carne en el asador, vía reformas, para remediar las graves carencias de un país cuyo 48,2% de superficie es monte arbolado. Algunas las adelantó ante los diputados, a quienes propuso no enredarse en disputas nominativas —sobre «tramas», «terroristas» incendiarios y demás— y colaborar juntos en buscar una salida común.

El papel del eucalipto como acelerador del fuego pronto fue señalado como uno de los agravantes de la ola de octubre. Desde hacía meses, la Xunta venía estudiando la forma de acotar su crecimiento exponencial, y se encontró con la ocasión ideal para restringir su cultivo. Así, incrementó a 50 metros la franja de separación entre los núcleos de población y las especies pirófitas, entre las que se hallan también el pino o la acacia. Es la conocida como franja secundaria de biomasa, dentro de la cual toda la demás superficie arbórea tendrá que estar «aclarada y podada», con sus copas separadas por 10 metros y en ningún caso por encima de los tejados de las casas. Antes del 31 de mayo, la titular Medio Rural se comprometió a retirar 290 hectáreas de plantaciones ilegales.

El Ejecutivo, no obstante, no le pone la proa al eucalipto. Simplemente lo contiene. «No tiene sentido demonizar ninguna especie», aclaró ayer la conselleira, en sintonía con la opinión de muchas empresas del sector. «El monte no arde solo».

Pero, ¿y qué sucede cuando, por abandono, falta de medios o dejadez, las franjas de seguridad no se cumplen? La ley se armó de nuevos resortes para darle respuesta. A partir de ahora no se necesitará autorización para ejecutar talas de eucalipto, sino una declaración responsable; y en aquellas fincas de propietario desconocido, la regulación empodera a la Xunta para expropiar los terrenos, siempre y cuando el coste de la limpieza sea superior al valor catastral de la propiedad.

Aquí la cooperación con los concellos cobra una enorme relevancia. Algunas de estas medidas fueron consensuadas con la Fegamp e introducidas en la ley que acompañó a la aprobación de los Orzamentos

La dificultad reside, como siempre, en el dinero. En su comparecencia en la comisión, el presidente de la Fegamp, Alfredo García, denunció tanto la falta de recursos en las arcas locales como la incapacidad para atender todas las franjas de protección. Dejaría a los concellos «paralizados administrativamente», alertó. La conselleira, en respuesta, ofreció «toda la colaboración» de su departamento para garantizar la aplicación de las medidas.

Por otro lado la administración viene financiando desde el 2016 —a razón de 11 millones al año—una serie de convenios con entidades locales para que el 100% de los ayuntamientos cuente con bomberos o brigadas, y que todas dispongan de motobombas. Según informó Vázquez en O Hórreo, el 87% de los concellos ya ha estampado su firma en alguno de estos acuerdos, un 10% más que el año pasado.

La Consellería de Economía, a través del programa Aprol Rural, habilitó otros 7 millones de euros para contratar a 430 desempleados en tareas de silvicultura y limpieza de fincas.

Es un documento clave para articular el futuro del monte gallego. Desde 1992 nunca fue reformado y ahora los grupos estudian un primer borrador que, como adelantó ABC en su día , se plantea para el año 2039 rebajar la superficie calcinada anual a 10.000 hectáreas. A la espera de las aportaciones de los partidos —y de los agentes—, la conselleira demandó «complicidad» con un texto que plantea la creación de planes específicos en los 19 distritos forestales, y la gestión eficiente de los medios de prevención para no disparar las partidas de gasto público.

Todas las personas involucradas en el rural están de acuerdo en una idea verbalizada por García esta semana: «El monte que produce no se quema». Solo que a veces se requiere dar algunos pasos previos para promover la generación de riqueza. Por ejemplo, las reestructuraciones parcelarias. La Xunta pretende cerrar 128 operaciones de concentración hasta finales de 2020, con el objetivo de acabar la década con 109.000 hectáreas reconvertidas. A ello hay que sumar los 4 millones de euros de ayudas para que los montes cuenten con instrumentos de ordenación y gestión forestal, y la inversión de 800.000 euros en la creación y mejora de los sistemas de pastoreo.

Todo ayuda, hasta la tecnología. La futura red de vigilancia de los espacios forestales contará con un mínimo de 34 cámaras centradas en las zonas donde existe una mayor actividad incendiaria.