Las carreteras de la discordia

Es el más reciente, y a la vez, el más sintomático de en qué fase se encuentra la relación entre ambas administraciones. El objetivo de Galicia es acabar con el «agravio» que padecen los conductores que acceden a la AP-9 desde Redondela, puesto que los vehículos que circulan directamente hasta el Morrazo están exentos. Durante la etapa de Íñigo de la Serna al frente de Fomento, el Estado se comprometió a solucionar el problema redistribuyendo el cobro en el resto de tramos de la AP-9 y a «acelerar los plazos» de los trámites, en la medida de lo posible. Tras la moción de censura, sin embargo, el compromiso se congeló. Fomento, ahora a cargo de José Luis Ábalos, negó la existencia de un primer informe encargado por su predecesor y asumió algunos de los planteamientos formulados por la concesionaria, como estudiar la eliminación del peaje dentro de una solución «global» para el entorno de Vigo.

En la Xunta sospechan que ese cambio de enfoque, además de dilatar los plazos, puede conllevar una posible obra de ampliación de capacidad: otro mazazo más, en términos de tiempo. En términos más generales, y mientras los peajes en la AP-9 no dejan de incrementarse periódicamente, Galicia propuso a Fomento la elaboración de un calendario plurianual de pagos —con cargo a fondos públicos— para evitar que los usuarios sigan abonando unas tarifas que el Gobierno autonómico ya considera «inasumibles».

La transferencia de gestión de la AP-9 a Galicia es, más que una realidad tangible a corto plazo, un horizonte. Ambas administraciones lo saben, aunque el tránsito vaya acompañado de gestos, como el desbloqueo a su debate en el Congreso . Aún así, en el marco de la comisión bilateral, sigue ocupando minutos. La Xunta planteó en la última reunión la convocatoria de otra comisión, para ir puliendo los detalles del traspaso (créditos, personal de inspección, etc.) en caso de una posible salida. Fomento dijo no. El Ministerio se decanta por ir quemando etapas de forma secuencial, y de momento la cesión no tiene la luz verde de las Cortes.

El Gobierno de Rajoy la anunció dentro de un plan público-privado de inversiones extraordinarias en carretera, dotado con unos 5.000 millones de euros para toda España. Pero en estos momentos el proyecto se encuentra «muy en el aire», pese a que podría servir de alternativa a uno de los puntos de concentración de accidentes más peligrosos de toda la red. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es favorable a financiar la obra por la vía de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, la dificultad para encontrar apoyos en el Congreso y el montante de la obra —entre 200 y 300 millones de euros— cortan las alas al optimismo.

El proyecto de trazado lo aprobó el bipartito en el año 2009 y el equipo de Feijóo lo asumió tal cual a su llegada al poder. Solventados algunos problemas con el Ayuntamiento de Cambre, el gran desafío es conectar la vía con la AP-9, para aliviar los tráficos en el entorno de La Coruña y restar circulación a la carretera nacional. El Gobierno, una vez más, no lo pone fácil. Exige previamente que la Xunta firme un convenio con Audasa para clarificar los términos de explotación del área, opción que el equipo de Íñigo de la Serna había situado en un segundo orden de prioridad. Lo paradójico es que el ramal, de unos 3,8 kilómetros de longitud, pronto se irá aproximando más y más a la AP-9, sin que de momento se haya llegado a desbloquear su acceso final. Unos 500 metros.

Fue una petición expresa de Feijóo durante la última visita de Ábalos a Galicia: terminar la autopista entre Santiago y Lugo antes del Xacobeo, en 2021. El proyecto —concebido en tiempos de la peseta, aún con Felipe González en Moncloa— apura plazos, aunque las posibilidades de que se culmine a tiempo tampoco son muy elevadas. Por lo pronto, el tramo entre Lavacolla y Arzúa se pondrá en servicio a lo largo del 2019 .