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Polémica

Campus de FP, nuevo choque Vigo-Xunta

El descuelgue de Zona Franca tras el relevo en su liderazgo deja caer el proyecto del primer nodo de Formación Profesional español previsto en la ciudad olívica

Feijóo y Abel Caballero, en una imagen de archivo, durante la inauguración de un centro tecnológico EFE

R. Lizcano

El Campus de FP, concebido como un proyecto estratégico para el impulso de la Formación Profesional y de su mejor encaje en las necesidades del tejido productivo, se ha convertido en el último daño colateral en la difícil relación entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento de Vigo. La iniciativa dio al traste esta semana, víctima del cambio de parecer del Consorcio Zona Franca (CZF) tras el relevo en el liderazgo del ente estatal por efecto del cambio de poder en La Moncloa.

El nuevo delegado, David Regades, sorprendía descolgándose del proyecto, argumentando la incompatibilidad del carácter educativo de la iniciativa con las competencias de desarrollo y dinamización económica reconocidas al ente en sus estatutos. «Estoy convencido de que Pedrosa [en referencia a su predecesora en el cargo] sabía que tendría la negativa del Ministerio de Hacienda», aventuró el socialista, recordando la llamada de atención por parte del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado que ya supuso en su día la implicación del ente en inversiones ajenas a su cometido fundacional como la compra y cesión de terrenos en la ETEA. «La Zona Franca no está para pagar las facturas de la Xunta», zanjó Regades, retirando su apoyo al primer campus de FP en España, concebido como nodo para la innovación mediante la conexión de 16 centros educativos de Vigo, Redondela, Baiona, Gondomar, Nigrán y O Porriño y una implicación activa del tejido productivo local.

El argumento chirría en los oídos de la Xunta, y también la falta de comunicación directa con el socio del que hasta la fecha dependía el 40% de la financiación del proyecto, 5,5 millones de euros que se sumarían a los siete comprometidos desde la Administración autonómica. «La Xunta quiere manifestar en primer lugar su sorpresa, ya que no había recibido ninguna notificación al respecto», señalaba el pasado lunes la Consellería de Educación en un comunicado, perpleja ante las manifestaciones de Regades a los medios. Una nota en la que el departamento que ahora encabeza Carmen Pomar enumeraba el fomento de la colaboración empresa-formadores, el refuerzo de la FP dual o la transferencia de conocimiento como objetivos del proyecto estrechamente alineados con las funciones prioritarias del Consorcio estatal.

Más allá va el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Cháves, preguntado por el encaje de otras inversiones sí mantenidas por la nueva dirección de Zona Franca, como la reforma de La Panificadora o la colaboración en las obras del estadio de Balaídos.

Un proyecto avanzado

«Es una decisión que causa daño a Vigo y es únicamente política, no tomada por los técnicos, que ya habían iniciado el expediente», dijo López-Cháves lamentando las consecuencias de una determinación que, asegura, «se tomó en el despecho» del alcalde de la ciudad, y llamando la atención sobre lo avanzado del proyecto. «Se mantuvieron numerosas conversaciones, se intercambiaron documentos e, incluso, el propio David Regades firmó actas como vocal donde se abordaba la cuestión del Campus de FP» , expresó en el mismo sentido el director xeral de FP e Innovación Educativa, Manuel Corredoira. No en vano, afean, el acta del Comité Ejecutivo del Consorcio del 30 mayo da cuenta del inicio de los trámites para trasladar el convenio al órgano de contratación.

El grupo municipal del Partido Popular en Vigo llevará al pleno una moción para solicitar el apoyo de los grupos a este proyecto «estratégico» para la ciudad, «boicoteado», en opinión de Elena Muñoz, por Abel Caballero «única y exclusivamente porque lleva el sello de la Xunta».

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