Gorriarán, Gayoso y Pego, durante el juicio de las prejubilaciones millonarias en la Audiencia Nacional
Gorriarán, Gayoso y Pego, durante el juicio de las prejubilaciones millonarias en la Audiencia Nacional - EFE
TRIBUNALES

La Audiencia Nacional lleva a juicio a la cúpula de Caixanova por el supuesto blanqueo de 80 millones

El juez De la Mata cierra la instrucción por una serie de créditos millonarios para la compra de la conservera Alfageme que no fueron nunca recuperados por la caja de ahorros

SANTIAGO Actualizado: Guardar
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Nuevo capítulo en el calvario judicial de los antiguos directivos de las cajas de ahorro gallegas. Y de nuevo, la Audiencia Nacional. En esta ocasión es el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5, José de la Mata, que pide sentar en el banquillo al expresidente Julio Fernández Gayoso, y los exdirectores generales José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, así como otras siete personas, acusadas de haberle generado a Caixanova un perjuicio de 80 millones de euros mediante una serie de créditos concedidos a la empresa Promalar para la compra de la conservera Bernardo Alfageme. El juez considera que se pudieron haber cometido delitos de blanqueo de capitales y delitos societarios en relación a la concesión de los referidos préstamos.

Las operaciones investigadas, que se desarrollaron entre 2005 y 2010, surgen de una denuncia de la Fiscalía tras darle traslado el FROB. Según De la Mata, los exdirectivos «diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración». Es decir, que no se trató de una mera operación que salió mal dentro del riesgo que cualquier operación de crédito comporta.

Según detalla el auto, que pone fin a la instrucción, los investigados llevaron a cabo cuatro operaciones financieras para que Promalar comprase y reflotase la conservera Bernardo Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la caja. El juez pone dos ejemplos claros: el fallecido Fernando García del Valle, consejero de la Caixanova, fue presidente de Alfageme; el también fallecido Guillermo Alonso Jáudenes, expresidente de la entidad financiera, «tenía intereses» en Alfageme cuando comenzó la serie de operaciones de crédito bajo sospecha.

El juez acusa a los exdirectivos de conceder créditos a una promotora y que esta comprara la quebrada Alfageme a sus accionistas, vinculados con Caixanova

La intención de los directivos investigados —a juicio de De la Mata— era que los accionistas de Alfageme pudieran salir de la conservera, «que presentaba serias dificultades económicas», en condiciones «favorables» y en perjuicio de Caixanova. Así, en el otoño de 2005, el director general adjunto de la entidad, Gregorio Gorriarán, se entrevistó con el promotor Juan Lago Pérez, a quien propuso que se hiciera cargo de Alfageme «a cambio de otorgarle la financiación para proceder a la compra de esta sociedad y atender a las necesidades económicas que surgieran con posterioridad». El instructor llega a hablar de «contratos simulados» que ocasionaron «perjuicio económico multimillonario» a Caixanova.

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos para que Promalar —la empresa de Lago Pérez— adquiriera la conservera, se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia, pero que en realidad estaban tasadas hasta 190 veces por encima de su valor real o condicionadas a posteriores operaciones de recalificación urbanística. En la primera de las cuatro operaciones, para cubrir el riesgo de 60 millones del préstamo hipotecario, se entregaron en garantía fincas que Tasagalicia había valorado en 133 millones de euros en el año 2005 y cuyo valor real en 2010 era de 2.5 millones de euros.

Sobrepago de acciones

«Naturalmente, los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria», explica el juez. Incluso en la compra de Alfageme, De la Mata señala cómo Lago Pérez adquirió las acciones de la conservera a la viuda de Guillermo Alonso Jáudenes y sus hijos, «a quienes se les paga por acción 1.222,22 € frente a los 404,74 € en los que contablemente estaba valorada».

Tras analizar las operaciones de los imputados, el juez considera que al menos tres de ellas encajan en el delito de apropiación indebida, ya que los investigados realizaron disimulados «actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de la entidad que administraban, que fueron más allá de los excesos de sus facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias».

El magistrado instructor aprecia en algunos de los investigados la comisión de delito de blanqueo de capitales porque se produjo un delito societario con perjuicios multimillonarios a Caixanova y se han cometido actos dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de esos bienes ilícitos.

Perjuicio de 80 millones

El perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de una póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia y que acabó necesitando de la inyección de 9.159 millones de euros del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar su quiebra. Una vez saneada, la entidad se bancarizó y vendió en subasta por 1.000 millones de euros a la venezolana Banesco, que la transformó en la actual Abanca, parte acusadora en este proceso.

Gayoso, Pego y Gorriarán ya fueron condenados en 2017 por haberse concedido desde el consejo de administración prejubilaciones millonarias semanas antes de que Novacaixagalicia acabara necesitando el rescate público, penas por las que ya están en libertad tras haber reintegrado las cantidades ilícitamente percibidas. Pero también tienen en agenda sentarse en el banquillo por otra causa, instruida también en la Audiencia Nacional por la juez Carmen Lamela, relativa a las supuestas irregularidades en unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que ocasionaron un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros.