La Audiencia Nacional interviene Alu Ibérica ante los indicios de saqueo de las factorías

La juez de la Audiencia Nacional entiende «verosímiles» los hechos descritos en su querella por la Confederación de Cuadros Profesionales, que llevó a los tribunales la venta de la antigua Alcoa y la gestión de sus actuales propietarios. Esta querella fue la que dio pie, el pasado 4 de marzo, a la entrada y registro de la policía en las plantas y la detención de cuatro personas . Así, el auto señala las sospechas que genera la venta de las factorías que Alu Ibérica (propiedad del grupo suizo Parter Capital) realizó en favor de System Capital Management, «de la que no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio».

Además, la instructora pone en evidencia que Alcoa vendió por apenas un dólar las factorías a Parter, pero esta los revendió por 13 millones de euros a System Capital , importe que «fue satisfecho (...) con fondos procedentes de los préstamos que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta». Es decir, System Capital recibió un préstamo de la propia Alu Ibérica para comprar el 75% de su participación en la aluminera».

En todo este enredo societario detecta la juez «una operación que evidenciaría la descapitalización» de las antiguas factorías de Alcoa en La Coruña y Avilés, «y que además de contribuir a la imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio a los acreedores y trabajadores», habrían desviado fondos «en beneficio» de Parter Capital, concretamente de su participada Blue Motions Technologies. «De este modo, System Capital habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos», añade.

Igualmente, la instructora entiende que Parter está «incumpliendo» los acuerdos alcanzados con Alcoa para la compraventa de las plantas , en los que se imposibilitaba la enajenación de los centros de producción a terceros. «Los hechos objeto de la presente investigación revelan en forma indiciaria la presunta comisión de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos», concluye.

Por todo ello, y de acuerdo con la solicitud planteada por la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada Tardón accede a decretar la intervención judicial de Iberian Green Aluminum Company (el nuevo ropaje de System Capital), las distintas sociedades del holding Alu Ibérica y PM MR 1986 SL, igualmente dentro del conglomerado empresarial. «Se advierte como la más adecuada y proporcionada» medida «en este momento procesal», sostiene el juzgado.

La intervención se adopta por un periodo inicial de seis meses, pudiendo aprobarse prórrogas de idéntica duración. Las sociedades pasarán a estar supeditadas a la autorización de interventores judiciales procedentes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Seguridad Social. Suya será la luz verde indispensable para una larga serie de operaciones económicas y societarias —detalladas en el auto— dentro de las empresas intervenidas, y tendrán acceso pleno a las instalaciones de las factorías de las alumineras.