Arranca el juicio por el alijo de dos toneladas de coca del «Titán Tercero»

En los primeros momentos de la investigación, existieron indicios (como se dedujo de las conversaciones intervenidas y las reuniones celebradas) de que Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas, entre quienes estaban Manuel Charlín y uno de sus hijos .

Según mantiene la Fiscalía, a finales de 2016 tres de los acusados planificaron la introducción del cargamento de estupefacientes. No obstante su actuación «no se limitó a una única operación de narcotráfico, sino que aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas vías de introducción de estupefaciente con varias alternativas de transporte». En el marco de la investigación policia l, que se prolongó varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador 'Titan Tercero', con lo que fueron detenidos sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba los 1,7 kilos de cocaína, con una riqueza media del 84,8 %, y un valor en el mercado ilícito de al menos 59,2 millones de euros .

Un segundo barco, el pesquero 'Sempre Cacharelos', que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro «concertado para el trasvase de la droga que debía recibir» del remolcador, fue interceptado al día siguiente «faenando para dar una mínima cobertura a su singladura». Además, en las siguientes horas fueron detenidos el resto de personas investigadas por estos hechos. En el transcurso de la investigación también se incautaron una gran cantidad de efectos , entre ellos tarjetas SIM, teléfonos móviles, teléfonos satelitales, memorias USB, portátiles, papeles con diversas anotaciones, libretas, agendas, cartas náuticas, vehículos y dinero en efectivo, entre otro objetos.

Por todos estos hechos, la Fiscalía considera a estas personas autoras de sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud . Además, entiende que concurre el subtipo superagravado de extrema gravedad en atención a la cantidad de droga y a la utilización de embarcaciones. En concreto, para cuatro de los seis coordinadores pide 9 años de prisión y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en multas. Para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 años y medio de prisión, y multas de entre 200 y 340 millones de euros .