Archivadas las dos primeras piezas de la investigación de De Lara sobre la Diputación de Lugo

Con fecha del pasado 1 de junio, el instructor decidió dar carpetazo a la investigación contra Susana Pardiñas , exjefa de gabinete del exalcalde lucense José López Orozco, por unas supuestas adjudicaciones ilícitas desde el Concello y la Diputación Provincial a empresas de su familia, Topología de Red S.L., Markova TIC SL y Dioptra SL «por unos elevados importes» que recogen los investigadores en sus atestados. « Pero tal deducción policial no pasaba de ser una sospecha , basada en conjeturas y suposiciones (...). No hay indicios suficientes, en modo alguno, de la comisión de delito contra la Administración Pública ni, por consiguiente, de su atribución a las personas aquí sujetas a investigación».

Dichas adjudicaciones existieron, pero el juez Brage estima que « no se encuentran indicios de ningún tipo de que se otorgaran a dichas empresas en atención al vínculo familiar de sus responsables con Susana Pardiñas; de que esta interviniera de cualquier modo, formal o de hecho, en el procedimiento de adjudicación (...) o de que alguna de esas empresas se hubiera beneficiado de ningún tipo de información privilegiada».

Igualmente, el juez tampoco encontró «ninguna sombra» en «el detalladísimo examen policial del patrimonio» de Pardiñas y sus familiares vinculados a estas empresas. «Y más allá de las sospechas sobre el fraccionamiento indebido del objeto de ciertos contratos para subdividirlos artificialmente en varios contratos menores» para así tramitarlos a través del procedimiento negociado abierto o la adjudicación directa, tampoco halla el instructor el mínimo elemento penalmente sustancial.

De Lara y los investigadores creían haber encontrado oro en un cruce de correos electrónicos entre Susana Pardiñas y una hermana «pero de los mismos no cabe deducir en absoluto ninguna actuación penalmente relevante». «Estos emails no son indicio de actuación ilícita (...) pues ni se concreta suficientemente a qué contrataciones se refiere, ni hay indicios de que se refiera a las aquí investigadas, ni en todo caso podría ello considerarse como conducta penalmente típica».

La segunda de las causas archivadas es la referida al supuesto amaño de una plaza de periodista en la entidad provincial, que De Lara comenzó a investigar en base a un anónimo que recibió con diversas acusaciones contra Leticia Vilar, la jefa de prensa de la Diputación durante la etapa de Besteiro como presidente. En opinión del instructor, la pieza que estaba instruida hasta su llegada no contenía sino «una cadena de suposiciones» en base al mencionado anónimo , «cuya credibilidad y veracidad carece de todo apoyo indiciario» en base a las pesquisas policiales. «Construyó un relato a partir de datos ciertos añadiendo puras suposiciones, cuando no invenciones». Vilar ha estado cuatro años imputada por esta causa.

El juez Brage reconoce en su auto –del pasado 12 de marzo– que las denuncias anónimas «no son admisibles» en nuestra legislación, pero evita criticar a su antecesora encontrándoles encaje en «la jurisprudencia», al «poner en conocimiento» de las autoridades judiciales «hechos que podrían ser investigados», y que ello requiere «una mínima investigación por la Policía, a los efectos de corroborar, al menos en algún aspecto significativo» aquello que se denuncia. Pero a la vista de lo recogido por los investigadores «la conclusión que alcanza este instructor es que no hay más que simples sospechas, conjeturas más o menos razonables (...) pero no verdaderos indicios» para seguir con el proceso penal en sede judicial.

Para la Policía y la jueza De Lara era motivo de sospecha que la Diputación convocara una plaza de periodista para cubrir mediante oposición, algo que para Brage «no resulta llamativo» . Es más, los impulsores de la pieza entendían «de dudosa legalidad» que se creara esta plaza en 2008 por existir una restricción en el empleo público derivada de la crisis económica, algo que para el actual titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo sería, en todo caso, «una cuestión de legalidad administrativa sin relevancia penal». «No hay ninguna ilegalidad», añade Brage.

Por último, donde más incidía el anónimo y la investigación posterior era en la supuesta amistad de Vilar con el presidente de la Diputación y con los miembros del tribunal que examinaría a los aspirantes a la plaza, dando a entender que recibió un trato de favor a la hora de conocer el contenido del examen o los casos prácticos a desarrollar durante la prueba. «De nuevo nos situamos en el terreno de las suposiciones, ni siquiera conjeturas». Brage entiende que, dado que Vilar trabajaba en la Diputación, podía mantener una relación «profesional» o de «amistad (no íntima)» con los miembros del tribual, «pero no es admisible concluir sin más, como hace el atestado, que ello pueda decantar hacia uno u otro lado las puntuaciones en el proceso» selectivo.

La «Operación Pulpo», iniciada en 2013 a partir de una denuncia por acoso laboral, derivó en una causa general sobre la «gestión arbitraria» de la Diputación Provincial durante el mandato de Gómez Besteiro, a quien Pilar de Lara situó al frente de un presunto entramado para el uso fraudulento de fondos públicos, algunos curiosamente gastados durante la época de Francisco Cacharro. El hilo de De Lara, tal y como advirtió el Ministerio Fiscal, le llevó a extender su microscopio al Concello de Lugo, también sometido al escrutinio general de su actividad durante la etapa de Orozco.