Archivada la pieza del Concello de Santiago de la «Pokemon» entre críticas a la instrucción de De Lara

En su investigación dentro de la «Operación Pokemon» y siempre de la mano del Servicio de Vigilancia Aduanera, Pilar de Lara encontró una docena de presuntas corruptelas en la gestión del consistorio compostelano durante los primeros meses de Conde Roa protagonizadas por el entonces alcalde —que acabaría dimitiendo por fraude fiscal en la gestión de sus empresas— y algunos de sus concejales. A la sazón, adjudicaciones ilícitas de servicios como la gestión de las multas de tráfico y retirada de las mismas, trato de favor a establecimientos amigos y a determinadas empresas «a las que se les da información privilegiada manipulando concursos para darles determinadas adjudicaciones», irregularidades urbanísticas, aceptación de regalos, contratación «de enchufados por empresas concesionarias de obras y servicios» o «posibles irregularidades en la financiación del PP» mediante comisiones de adjudicatarias.

Sin embargo, para estupor de la juez López Suevos, en el auto de inhibición de la causa que entra en su juzgado «se recoge una descripción absolutamente genérica del objeto del procedimiento» . Es decir, De Lara no concretó «las empresas supuestamente favorecidas en los concursos», ni «identificó esos procesos de contratación», no aportó «la identidad de los supuestos enchufados», ni qué multas y a quién se le retiraron, qué personas o cargos del concello recibieron regalos, «qué actos del Concello fueron irregularmente financiados» o «qué establecimientos recibieron trato de favor».

Del mismo modo, la juez compostelana subraya que De Lara tampoco «individualiza mínimamente la imputación que se dirige contra cada uno de los investigados», interpretando «que no todos ellos participaron en cada una de las conductas delictivas». Entre los acusados figuran, además del exalcalde Conde Roa, su exjefe de gabinete Ángel Espadas —al que tuvo mes y medio en prisión provisional por esta causa—, los exediles del PP Albino Vázquez Aldrey y Adrián Varela, el exconcejal socialista Bernardino Rama, la exjefa de contratación del Concello compostelano o el exdelegado de Aquagest en la ciudad, entre otros.

«Se identifican dos supuestas adjudicaciones ilícitas, sin concretar en qué consisten dichas irregularidades y a qué investigados se imputan» , y «tampoco constan unidos a la causa (...) relatorios periciales que esclarezcan dichos extremos». Eso sí, no faltan los informes de Vigilancia Aduanera que utilizan «fórmulas amplias y genéricas», documentos sobre los que De Lara ha cimentado no pocas causas y por cuya elaboración ha demorado meses (e incluso años) el cierre de alguna instrucción.

La juez López Suevos señala en su auto cómo buscó las declaraciones ante la instructora de los distintos investigados, ya que todas ellas deberían comenzar con una lectura de los hechos de que se acusa. Cuando Vázquez Aldrey —que declaró en febrero de 2013— pidió que se le especificasen «no los delitos sino los hechos que se le imputaban», la instructora «dio respuesta indicando expresamente que la información facilitada sería sucinta». A Conde Roa le informó de menos detalles en su imputación oral que los que después figuraron en el auto de inhibición. Y a Román Ferreiro, el hombre de Véndex en Santiago, «no consta» que De Lara le leyera de qué lo acusaba.

«Los investigados prestaron declaración (...) en 2013 y 2014, siendo informados de modo insuficiente de la imputación que pesaba contra ellos», una situación que «les causó sin duda total indefensión, agravada por la circunstancia de que al tiempo de prestar declaración la causa estaba declarada secreta, lo que tanto ellos como sus letrados tenían un conocimiento muy parcial de la misma». «Lo anterior tuvo y tiene gravísimas consecuencias en el derecho de defensa y en la posición procesal a la que se vieron abocados» los encausados, sostiene rotunda la instructora compostelana.

El listado de anomalías de la investigación realizada por Pilar de Lara no concluye aquí. «Muchos de los hechos que parece atribuírseles a los investigados estarían prescritos porque nunca les fueron formalmente imputados» , y muchos «se fueron conociendo, o por lo menos concretando, con el resultados de las diligencias de instrucción que se fueron practicando tras el auto de inhibición acordado en 2014», pero que no se hizo efectivo hasta cuatro años después.

Esta es un nuevo testimonio de una de las prácticas más habituales de Pilar de Lara a la hora de instruir sus causas: decretar su inhibición ante el juzgado territorialmente correspondiente, pero retener la causa y seguir practicando diligencias de investigación. De ese modo, cuando las defensas planteaban recursos, ella alegaba no ser competente para resolverlos porque se encontraba inhibida, pero los juzgados supuestamente competentes nada sabían. Esta práctica fue expresamente censurada por dos magistrados de la Audiencia Nacional a la que De Lara envió dos de las piezas de la Pokemon, y que acabaron regresando a Lugo entre reproches a sus modos de instruir.

La juez de Santiago da una última puntilla a su inhabilitada colega, tachando la causa recibida como «un conglomerado de información, unido sin orden aparente y sin un criterio claro , y que se refiere a un número de hechos que nos resulta imposible precisar». «Mayor perplejidad pr el estudio de las 51 cajas de documentación remitidas con la causa» y en las que López Suevos encontró adjudicaciones de la Xunta de Galicia o de municipios asturianos. «Y la pregunta que nos surge es qué relación tienen con una relación aparentemente ceñida a irregularidades y tratos de favor relacionados con el Concello de Santiago». La respuesta: «Ninguna explicación encontramos en la causa inhibida».

Tras decretar el archivo de la causa, la juez de Santiago levanta además las medidas cautelares de restricción de movimientos sobre varios acusados. Algunas databan de 2012.