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Tribunales

Archivada la causa contra dos altos cargos del Sergas investigados por la muerte de pacientes de hepatitis C

El tribunal considera inexistente la relación de causalidad entre los fallecimientos de los pacientes y los actos imputables

Vista exterior del hospital clínico de Santiago MIGUEL MUÑIZ

P. A.

Punto y final en el caso de la hepatitis que salpicó a dos altos cargos de la Xunta , que llegaron a ser investigados por homicidio por no suministrar un tratamiento de última generación a varios pacientes con esta dolencia. La sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña ha desestimado finalmente los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Asociación de Afectados pola Hepatite C frente al auto de noviembre de 2019 en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas). A los dos se los acusó como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar la medicación necesaria a pacientes de hepatitis C.

Los jueces que evaluaron el caso, al igual que el instructor, consideran inexistente la relación de causalidad entre los fallecimientos de los pacientes y los actos imputables a los investigados, pues sostienen que «no se aprecia indiciariamente la omisión de un deber de cuidado». Además, el auto divulgado por el TSXG indican que carecen de indicios de que la eliminación de la demora en la autorización del fármaco hubiera tenido algún efecto en los pacientes. «Debe reiterarse que desde que el médico que trata al paciente decide solicitar el fármaco hasta que le es administrado al enfermo hay un largo camino en el que la actuación de los investigados se ciñe al tramo entre la recepción de la solicitud en la subdirección general de farmacia y la aprobación del dictamen de la subcomisión», indica el tribunal, al tiempo que subraya que a los investigados no se les puede responsabilizar «de las situaciones previas o posteriores a tal entrada».

La Audiencia indica que la priorización de los pacientes y las restricciones sobre las solicitudes del medicamento se produjeron «desde la perspectiva de que era próxima la cristalización de las gestiones sobre la financiación e inclusión del fármaco en la oferta del sistema de salud». Por ello, entiende que «no era una denegación, sino una posposición de la solicitud y eventual autorización hasta que concluyese el programa para el cual se había establecido la prioridad, con criterios técnicos, de un determinado grupo de pacientes». Los jueces, por tanto, concluyen que «no cabe estimar como constitutivo de prevaricación que la tramitación de las solicitudes tuviera como referencia esas pautas progresivamente más amplias, reiterándose que en todo caso estaríamos ante una posposición en la tramitación y no ante una denegación de la autorización del tratamiento».

Desde 2016 en los tribunales

La decisión judicial resuelve un caso que lleva en los tribunales desde 2016 , cuando los dos altos cargos fueron citados a declarar en calidad de investigados tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por la asociación Batas Blancas, que le atribuía varias muertes al retraso en la administración de los fármacos para combatir la Hepatitis C. La Fiscalía apreció, en su día, indicios de varios delitos y estimó que media docena de enfermos fallecieron mientras esperaban recibir el tratamiento de última generación, pese a cumplir con los requisitos requeridos.

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