Estafan más de cien mil euros en cuotas de sus clientes y les dejan sin seguro de coche sin saberlo

Primero a través de la correduría E. C. Asociados, de la que el acusado era administrador único, y después con C. Galicia SL, constituida en 2010 a nombre con su hija «con la única finalidad de continuar la ejecución del plan preconcebido de apoderarse (...) de las cantidades correspondientes a las primas de seguro cobradas a los asegurados», los procesados mantuvieron el engaño siempre bajo el mismo modus operandi: incialmente con Reale y Asegrup, y después con AXA -compañía con la que la sociedad administrada por la hija suscribió un contrato de «agencia exclusiva»-, los acusados tramitaban «inicialmente las pólizas concertadas por las aseguradoras dándoles de alta en las mismas y posteriormente procedína a entregar a los asegurados recibos acreditativos del pago, con el fin de que los mismos no se percatasen de que las pólizas suscritas por ellos no estaban en vigor, pues las compañías aseguradoras al no recibir el importe de las primas anulaban las pólizas sin conocimiento de los asegurados lo que motivo que las personas que habían contratado el seguro (...) estuviesen circulando con sus vehículos sin estar asegurados», expone la acusación pública en su escrito de calificación. Los afectados pagaban en metálico en las oficinas de los gestores de seguros, o en cuentas de la correduría, confiando en el trasvase de sus cuotas as las aseguradoras, y recibían de los acusados comprobantes de pago con sellos de las entidades bancarias o de las propias compañías de seguros.

En su proceder contaron con la ayuda, sostiene la Fiscalía, de una empleada de ambas sociedades, sin que exista constancia de que la trabajadora «se lucrase en forma alguna del dinero de las pólizas de seguro que le era entregado».

La cifra estafada a través de pólizas contratadas con AXA asciende a más de 27.000 euros , a los que se deben sumar 103.383,53 que debería haber ido a parar a Reale y una cantidad no determinada destinada a Asegrup (las dos últimas compañías han renunciado a la percepción de las cantidades correspondientes a las pólizas concertadas y posteriormente anuladas).

La Fiscalía les imputa delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil por los que solicita tres años y cuatro meses de prisión para el primer acusado y dos años y seis meses para su hija. La empleada de las oficinas, en calidad de cómplice, afronta una pena de diez meses.