Consejeros de sanidad, este miércoles en la reunión en Madrid del Consejo Interterritorial
Consejeros de sanidad, este miércoles en la reunión en Madrid del Consejo Interterritorial - KIKO HUESCA/EFE
Atención Primaria

Almuíña planta a Sanidad y afea que urja el acuerdo a las puertas del 28-A

El conselleiro acusa al Ministerio de buscar un consenso precipitado en torno a la estrategia nacional para la remodelación del primer nivel asistencial. El Interterritorial valida el borrador sin el respaldo de los consejeros del PP

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El conselleiro de Sanidade no acepta los tiempos marcados por el Ministerio para cerrar una estrategia de consenso en torno a la Atención Primaria. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado este miércoles en Madrid con el objetivo de dar el visto bueno al documento, se celebró sin la presencia de Jesús Vázquez Almuíña, que un día antes había hecho saber a la ministra María Luisa Carcedo las razones de su negativa. «Desde Galicia no compartimos la premura de cerrar y aprobar una Estrategia para la Atención Primaria del presente y del futuro tan solo unas horas antes de que se inicie la campaña electoral, ya que, con total seguridad lleva a un resultado no deseado», afeó el titular de Sanidade, haciendo notar el inminente arranque de la campaña para las elecciones del 28 de abril.

En su carta al Ministerio Almuíña insiste en su «desacuerdo con la precipitada convocatoria» y subraya que un proyecto de esta envergadura debe contar con «un amplio consenso de las comunidades autónomas, profesionales y ciudadanos, y con una profunda reflexión sobre el contenido y sobre el procedimiento de elaboración». Sin embargo, indica, los grupos fueron citados el 4 de abril para trabajar sobre unas conclusiones conocidas en el momento y únicamente se habilitó un día para formular alegaciones (con fecha límite 6 de abril).

Invasión de competencias

Más allá de lo precipitado de los plazos, reprocha al Ministerio cuestiones de fondo como la ausencia de una memoria económica o las «constantes invasiones de competencias autonómicas» en las que a su juicio incurre el departamento estatal, como «el desarrollo de programas de atención domiciliaria, la definición de ratios aceptables o la periodicidad de las aprobaciones de ofertas públicas de empleo».

Incidiendo en el que ha sido su mayor pulso con el Ministerio en los últimos tiempos — la autorización ágil de nuevas plazas de formación MIR en las especialidades con necesidades más acuciantes—, el conselleiro acusa al departamento de María Luisa Carcedo de incumplir sus competencias. «A día de hoy, no se han tomado en consideración por el Ministerio las solicitudes enviadas de Pediatría, manteniéndose cerrado el aplicativo de petición, y seguimos a la espera de la recepción de las 26 resoluciones administrativas de las solicitudes de acreditación de las unidades docentes de nuestra Comunidad», señala. Los incumplimientos, añade, se extienden a la falta de diligencia en la resolución de peticiones de homologación de títulos por facultativos extracomunitarios y en la puesta en marcha del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, como punto de partida para la realización de estudios sobre necesidades futuras de especialistas.

«Estamos ante un asunto que es de una necesidad evidente y que requiere que le prestemos atención. Estamos cobrando por nuestro trabajo independientemente de que haya o no campaña electoral y la Administración no tiene que detenerse porque haya elecciones», defendió la ministra Carcedo en respuesta a las críticas a la precipitación del acuerdo, esgrimidas también desde Madrid y Castilla y León.

Luz verde sin los consejeros del PP

El Consejo Interterritorial dio finalmente este miércoles luz verde al documento marco como base para seguir trabajando sin el respaldo de las autonomías gobernadas por el PP. Además de la ausencia del conselleiro gallego, los consejeros de Andalucía, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia que sí asistieron al encuentro abandonaron la reunión por considerar que la presentación y votación del documento constituía un acto electoralista. Carcedo declaró que el documento cuenta con «un amplio consenso» y consideró que el «gesto» de los dirigentes populares «nada tiene que ver con las necesidades» de la Atención Primaria.