Alcoa renuncia a la SEPI y venderá la planta si en un año se rebaja la factura eléctrica

Alcoa sugiere la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) antes del 15 de septiembre de 2021 por la compañía, el Gobierno, la Xunta, los sindicatos y la representación de los trabajadores. La multinacional se compromete a no iniciar el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Supremo fallase a su favor. El 20 de octubre la sala dirimirá sobre el recurso presentado por la empresa después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretase nulo el ERE presentado para 500 trabajadores. La sala apreció «mala fe» en las negociaciones por parte de Alcoa, cuyo «fin único y primordial» era «apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible».

«Este plazo de un año se emplearía para abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado», explicó Alcoa tras el encuentro con Maroto en un comunicado. Según Alcoa, los precios de la luz siguen ocasionando pérdidas de un millón de dólares por semana (840.000 euros) y el precio medio del megavatio-hora ronda los 90 euros, «más del triple de lo que paga la compañía en cualquier otra planta de aluminio del mundo». La multinacional indica que para que sea viable la planta el futuro «el problema de la energía debe resolverse». Sólo si se rebajan los precios, Alcoa se «comprometerá a realizar un nuevo proceso de venta directa». La compañía exige, además, «paz social», es decir, quiere garantizarse que los trabajadores no reanuden la huelga suspendida tras la promesa fracasada de que la SEPI compraría primero la planta. Para lograr abaratar la factura de la luz, Alcoa pide trabajar con el Gobierno, la Xunta y con uno o más eléctricas para que la planta de San Cibrao pueda abastecerse de energías renovables en enero de 2023 a un precio competitivo.

«La propuesta de Alcoa evita riesgos potenciales, tanto para los trabajadores como para la compañía, asociados a vender una planta que no es competitiva», explicaron. «La venta previa de las plantas de Avilés y La Coruña, que fue respaldada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores, generó numerosos problemas a raíz de que el comprador vendió las plantas a un tercero sin el conocimiento o consentimiento de Alcoa». Ambas factorías están ahora en manos de un administrador judicial.