Alcoa maniobra para dejar de ser investigada por la vía penal

A finales de 2018, Alcoa anunció su intención de cerrar las fábricas de aluminio de La Coruña y Avilés. Tras las protestas de los trabajadores y con la mediación del Gobierno finalmente aceptó venderlas a un inversor interesado. En julio de 2019 se produjo la firma. La multinacional estadounidense eligió al fondo suizo Parter Capital, que pagó un simbólico euro . Parter se comprometió a mantener dos años los empleos y a intentar reflotar las factorías. Pero apenas unos meses después, se deshizo del 75% de sus acciones vendiendóselas al Grupo Riesgo por 13 millones . La cuantía tampoco salió del bolsillo del nuevo inversor, sino que se pagó con dinero que tenía la propia empresa . La jueza investiga si las verdaderas intenciones de los compradores eran las de despatrimonializar la compañía , vender todos los activos posibles y abandonar a los trabajadores. Pero también si Alcoa tuvo alguna responsabilidad en este proceso al ser la que eligió a Parter, un fondo que, como destapó ABC, en el momento de la venta ya tenía condenas en Francia por quebrar empresas.

Alcoa siempre ha defendido que actuó de buena fe y recuerda que tras la venta al Grupo Riesgo denunció a Parter por no haber permanecido al frente de las plantas los dos años pactados. Ahora en el documento que deben firmar los trabajadores para cobrar las indemnizaciones, la plantilla debe reconocerlo también. «A resultas de la información que se ha puesto de manifiesto hasta la fecha en los distintos procedimientos judiciales y en las negociaciones que han tenido lugar, las partes consideran que no se aprecia mala fe o falta de diligencia en la venta por parte de Alcoa —en julio de 2019—, a Parter », reza el acuerdo al que ha tenido acceso ABC. La renuncia a proseguir por la vía penal se fundamenta, según el texto, en el «más adecuado conocimiento de los hechos relevantes (…) gracias al avance de la investigación penal y a la mejor información que de todo ello han recibido en los últimos meses, que los ha llevado a despejar las iniciales sospechas que dieron lugar a la interposición de la querella contra Alcoa». La jueza ya llamó a declarar a finales de febrero al presidente de la multinacional del aluminio, Álvaro Dorado, y la exadministradora única de la compañía, Christine Keener. Ambos figuran en la causa como investigados, antiguos imputados.

Además de retirar sus propias demandas, en el acuerdo los trabajadores se comprometen a pedir tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado «a que cooperen en la aceptación por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de la solicitud de sobreseimiento de la causa frente a Alcoa que ésta haya formulado, siquiera mediante su no oposición a la misma». El documento contempla también un apartado con una serie de «condiciones suspensivas». Si no se cumplen, los trabajadores no tendrán derecho tampoco a cobrar las indemnizaciones y deberán conformarse con los 20 días por año trabajado que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al no tener fondos propios la actual empresa —Alu Ibérica— inmersa en un concurso de acreedores. Alcoa exige que «el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado hayan cooperado en el procedimiento penal» y para ello deberán presentar «alegaciones apoyando la solicitud de sobreseimiento de la causa que hubiere sido instada o, en su caso, no oponiéndose a la misma en el trámite procesal que al efecto les fuere otorgado».

Cansados tras más de tres años de lucha para intentar mantener sus empleos y de denunciar que toda la operación de traspaso de las plantas había sido una estafa, los trabajadores y los sindicatos han aceptado ya firmar el documento. Lo hacen pese a que la justicia, en la vía social, les había dado la razón. En una sentencia de junio de 2021, la Audiencia Nacional culpó a Alcoa de no buscar «un inversor serio, solvente y riguroso» para hacerse cargo de las fábricas. También obligó a la empresa a pagar las indemnizaciones de despido con 60 días por año, como había sido pactado en el ERE negociado antes de que Alcoa accediese a buscar un inversor. Ahora el acuerdo pactado sustituirá a esa sentencia, que había sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Pero para ello tendrán que cumplirse todas las condiciones, es decir, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no podrán oponerse a que Alcoa siga siendo investigada por la comisión de algún delito.