Abel Caballero era el responsable del mantenimiento del paseo que se desplomó en el accidente del Marisquiño

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en estas dos últimas sentencias, considera que existen causas más que justificadas para anular el convenio 'Abrir Vigo al Mar' , que en 1992 habían firmado el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y la Autoridad Portuaria, entonces denominada Junta de Obras del Puerto. El tribunal entiende que el Concello incumplió su obligación de mantener y conservar parte del área afectada por ese convenio. De esa área forma parte el paseo de madera de As Avenidas, donde en 2018 se produjo el accidente de O Marisquiño. Por tanto, la Sala concluye que debe liquidarse ese convenio, tal y como solicitaba la Autoridad Portuaria de Vigo.

Aquel convenio implicaba, entre otras actuaciones, una reordenación del tráfico rodado en la zona, la ampliación de las zonas ajardinadas y de ocio y la peatonalización del borde marítimo. Para ello, las tres instituciones firmantes se repartieron las responsabilidades. A grandes rasgos, el Consorcio de la Zona Franca financiaría las obras y la Autoridad Portuaria ponía a disposición del proyecto unos terrenos para transformarlos en zonas de esparcimiento. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometía durante los cincuenta años que debía estar vigente el convenio –teóricamente, hasta noviembre de 2042– «al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación , bien con sus propios medios o bien con la oportuna contratación de obras y servicios», recuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.

Pero el Concello, según concluyen los jueces, no hizo lo que tenía que hacer. El convenio suscrito, según el alto tribunal, «no ofrece dudas interpretativas en cuanto a la obligación de mantenimiento y de buen estado de conservación» por parte del Ayuntamiento de las zonas de uso público, que incluye la plataforma donde en 2018 se produjo en accidente. Y s i quería hacer algo distinto en el paseo, como dicho festival, debía «valorar la seguridad de la instalación» .

«El mantenimiento debe conectarse con la seguridad y con el uso, y el Ayuntamiento no lo cumplió , a la vista de los documentos aportados, ya que las diferentes cargas sobre los elementos cedidos pueden tener consecuencias distintas», indica el TSXG. Y añade que el Concello, «antes de autorizar un uso diferente al del simple paseo, que era el que tenía en la concesión», tendría que haber «valorado la seguridad de la instalación» . El Concello solo quedaba eximido de las zonas de uso exclusivo de la Autoridad Portuaria. No era el caso de la parte donde ocurrió el accidente.

El TSXG recalca que esa obligación de mantener en condiciones las instalaciones queda perfectamente clara en el convenio de 1992. Con él, el Ayuntamiento «recibió un beneficio que anteriormente no tenía (...) y por tanto es el Ayuntamiento el que debe mantener en buen estado de conservación lo cedido», insiste el tribunal.

Pero el estado de las instalaciones era muy deficiente, tal y como confirman varios reportajes fotográficos que atestiguan «el mal estado en que se encontraban los elementos superficiales del paseo y que se advirtieron de forma reiterada por la Autoridad Portuaria , advirtiendo del riesgo existente para las personas». Y son varias las comunicaciones que, antes del accidente de 2018, la Autoridad Portuaria remitió al Ayuntamiento alertándole del mal estado generalizado de la zona. En 2016, le avisó de que el deterioro «representa una amenaza y peligro constante para los usuarios» , que aumenta en verano por la afluencia de gente «a los eventos programados en el paseo». «Tengan como ejemplo el festival de O Marisquiño», dice literalmente uno de los avisos.

Y es que la obligación de cuidado por parte del Concello «no se limita a labores de mantenimiento de los jardines y zonas de esparcimiento, sino también a los elementos que las sustentan». Por tanto, «en el normal funcionamiento de un paseo marítimo, formado por una plataforma de hormigón acabada en un pavimento de madera, se deben mantener todos los elementos que lo forman, principalmente los estructurales ». Las dos sentencias, contra las que cabe recurso, cuentan con un voto particular. Uno de estos jueces cree que esa dársena no podía incluirse en ese convenio.