La fundación Hay Derecho presenta en el Congreso más de 101.000 firmas contra la amnistía

En una comparecencia ante los medios a las puertas del Congreso, Álvarez ha expuesto que la medida que pretende aprobar el Gobierno para beneficiar a los condenados por el 'procés' responde a una necesidad arítmetica para poder conformar Gobierno y conlleva «una seria amenaza al Estado de derecho, el sistema legal y la separación de poderes», advirtiendo que una medida «tan excepcional» debería contar con un amplio consenso.

«Supone una quiebra del principio de igualdad ante la Ley y augura un futuro erosivo para el Estado de derecho, puede legitimar futuras amnistías e impunidades», ha expresado, en la misma línea, la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, quien ha destacado que la ley de amnistía «impedirá el acceso a la verdad, por ejemplo, en las investigaciones referentes a la malversación» de fondos públicos.

Cantos ha reiterado que lo que piden «es poder participar y ser escuchados» y, por ello, llevan las firmas la Congreso, porque es ahí donde debe debatirse la medida. «Queremos un debate participativo por las implicaciones que tiene esta medida», ha manifestado.

Ven «la respuesta masiva» a su campaña de recogida de firmas como «el testimonio del deseo de la ciudadanía de participar activamente en la protección de los derechos y libertades, y de la calidad de la democracia». «Esta no es una cuestión de derechas e izquierdas, ni es admisible el dilema entre preservar el funcionamiento del sistema institucional y defender los derechos sociales; estos deben defenderse junto con los principios fundamentales en los que se basa nuestra convivencia como sociedad», ha aseverado la directora general de Hay Derecho.

Esta no es la primera iniciativa que pone en marcha esta fundación. En su momento ya puso de manifiesto la preocupación ciudadana existente sobre la futura amnistía a través de cartas institucional al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders; a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova; al secretario del PSC, Salvador Illa, y al alto representate ante la Unión Europea, Josep Borrell.