Fraude electoral en Melilla: el gobierno de la ciudad adjudicó más de 68 millones en contratos menores esta legislatura

Entre los diez detenidos están el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-la, número 3 en las listas de su partido y que fue arrestado en un lugar público a la vista de muchos ciudadanos; y también el yerno de Aberchán, identificado como Abdul, alias 'el Lobo', considerado la mano derecha del líder de Coalición por Melilla. El resto de arrestados, en su mayoría al menos, son pequeños traficantes que eran los encargados de recorrer puerta a puerta las barriadas más deprimidas de la ciudad autónoma y ofrecer a los vecinos dinero a cambio de su voto. Dos de los individuos implicados, al parecer con un papel de cierta relevancia en la trama, fueron esposados cuando intentaban abandonar en barco la ciudad autónoma. Tras prestar declaración ante la Policía, todos los involucrados quedaron en libertad con cargos.

El consejero arrestado ayer está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de modo que si la próxima legislatura el sospechoso sigue en el gobierno de la ciudad autónoma podría tener que asumir unas diligencias que por el momento instruye la titular del Juzgado número 2 de Melilla.

En la operación de ayer, que provocó un enorme revuelo en la ciudad autónoma por su magnitud, participaron agentes de la Brigada Provincial de Información y de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad, que contaron con el apoyo de sus compañeros de la Comisaría General de Información y de especialistas en drogas de la Comisaría General de Policía Judicial, que se desplazaron el lunes hasta allí.

Como ya informó ABC, el pago por el voto oscilaba entre los 50 euros de los primeros días y los 200 que se llegaron a pagar a medida que se acercaban las elecciones y, según algunas fuentes, surgir 'competidores' que aumentaban la oferta. Las personas que vendían el sufragio, con serios problemas económicos, no tenían la menor intención de votar, de modo que esas cantidades les servían como una ayuda importante para superar el mes.

Además de las detenciones, de las que tres se produjeron el lunes por la tarde, la Policía realizó una decena de registros, entre ellos en la vivienda del yerno de Aberchán y en una de las sedes de Coalición por Melilla, en concreto la que solía utilizar el equipo de comunicación de esta formación. Se intervinieron papeletas y dinero en efectivo, según las fuentes policiales consultadas por ABC.

Las mismas fuentes cifran en torno al millón de euros el dinero que los responsables de la trama habrían tenido que desembolsar para comprar la mayor parte de los más de 11.000 votos por correo solicitados, lo que supone aproximadamente el 20 por ciento del censo electoral. Hay que tener en cuenta que en el resto de España esa cifra es del 3 por ciento de media.

Para dar una idea de lo que supone ese volumen de voto en Melilla, de haberse consumado el fraude electoral en toda su magnitud sus responsables podrían haber obtenido trece diputados; es decir, la mayoría absoluta del Parlamento.

La gran incógnita es saber cómo se financió este fraude, porque según las fuentes consultadas por ABC, que Coalición por Melilla permaneciera al frente del gobierno de la ciudad no sólo beneficiaba a los miembros de este partido, sino también a algunos empresarios agraciados con adjudicaciones dudosas.

En esta ciudad, cuyo presupuesto es mucho mayor que el de cualquier otra de España con 80.000 habitantes, llama poderosamente la atención el volumen de contratos menores suscrito por su gobierno, en los que hay mucho mayor margen de discrecionalidad por parte de los responsables de la administración.

Desde julio de 2019, cuando comenzó la legislatura, hasta marzo de este año se adjudicaron 8.486 contratos menores, lo que supone una media de 2.263 al año. El importe de la licitación, según los datos oficiales de la Plataforma de Contratos del Sector Público, ascendió a más de 68 millones de euros; es decir, a más de 18 millones de media por año.

Los contratos menores en Melilla tienen algunas particularidades más. Por ejemplo, de esos 8.486 que se adjudicaron, casi el 88 por ciento lo fueron sin publicidad y su importe medio ascendió a algo más de 8.000 euros.

Llama la atención asimismo que de los 3.650 contratos menores firmados desde 2017 hasta diciembre de 2022 de más de 5.000 euros –a partir de esa cifra se tiene que invitar a ofertar a tres o más empresas– solo en el 40 por ciento de ellos se cumple ese requisito; es decir, casi el 54 por ciento serían irregulares.

Fuentes del PP consultadas por ABC muestran su perplejidad por el despliegue de medios del que ha hecho gala Coalición por Melilla en esta campaña electoral. «Todos estamos 'tiesos', pero ellos cada día ponen una página de publicidad en el periódico, tienen autobuses electorales que recorren cada día la ciudad y cuentan con medios que el resto ni siquiera nos podemos plantear tener», explican.

No descartan, además, que el dinero que gastan en propaganda proceda de algunos de los empresarios beneficiados por los contratos y reflexionan en voz alta: «Si su resultado el domingo no es bueno, habrá que ver si les empiezan a pedir explicaciones. Saben que si pierden el poder el sistema que han creado salta por los aires y podrían descubrirse muchas irregularidades».

Es significativo, en este sentido, que al detectarse el intento de fraude ese partido pidiera suspender las elecciones.