Los diputados que usen el aranés o el bable en el Congreso deberán «autotraducirse»

La Mesa de la Cámara Baja, su órgano de gobierno, calificó este miércoles la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que registraron conjuntamente los Grupos Socialista, Plurinacional, Republicano, EH Bildu, Mixto y Vasco. Hasta ahora, el PSOE siempre había rechazado el empleo de catalán, euskera y gallego en la Carrera de San Jerónimo –la última vez, sin ir más lejos, la legislatura pasada, en la que sumó sus votos a los del PP y Vox–, pero las exigencias de ERC y Junts para una previsible investidura de Pedro Sánchez – si como todo apunta fracasa la de Alberto Núñez Feijóo– le ha torcido el brazo.

El encuentro de la Mesa se prolongó durante más de una hora y, aunque el acuerdo bendice que ya se hable en estos idiomas desde el martes 19 de septiembre, no se especificó cómo se llevará a la práctica.

Noticia Relacionada

García-Page: «Que el Gobierno cambie de un día para otro la posición respecto a la amnistía es enormemente grave»

Emilio V. Escudero

El presidente socialista de Castilla-La Mancha vuelve a elevar su voz crítica contra el Ejecutivo en funciones y llama al consenso de los españoles en temas clave

Fuentes cercanas a la Mesa recuerdan, eso sí, que en el Senado ya llevan tiempo trabajando con traductores, si bien es cierto que solo en los debates de las mociones. Este jueves, según estas fuentes, se detallará el sistema técnico que se usará para que políticos, taquígrafas y periodistas entiendan a los diputados que se expresen en catalán, euskera y gallego. Por ahora, si alguno habla en aranés o en lengua asturiana deberá «autotraducirse».

Para aprobar la reforma exprés, la Mesa acordó celebrar sendos plenos los próximos martes 19 y jueves 21, en los que 'a priori' la izquierda, los nacionalistas y los independentistas darán luz verde a la toma en consideración del cambio reglamentario y a su propia aprobación, respectivamente. Aun así, el PSOE y Sumar decidieron que el empleo de las lenguas cooficiales esté presente ya desde el mismo martes, cuando se debatirá la tramitación de esta modificación. Fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, remarcan que el reglamento vigente no prohíbe el empleo de estas lenguas y que la reforma viene a reconocer expresamente la opción de usarlas. Una explicación que, desde luego, no convencía este miércoles al PP, el único partido de la derecha con asiento en la Mesa en esta legislatura.

Fuentes populares en conversación con ABC subrayan sus dudas no solo políticas, sino jurídicas, con la decisión adoptada este miércoles por la mayoría de la Mesa. Por un lado, explican que el catalán, el euskera y el gallego son solo oficiales en algunas comunidades y no en todo el país, y rechazan que se compare la situación con la del Senado, que es una cámara de índole territorial y en la que están representados los parlamentos regionales a través de los senadores por designación autonómica. Pero por otro, el PP cuestiona la legalidad de permitir que se hablen estas lenguas antes siquiera de que se apruebe la reforma destinada a ello. A esto se unen los problemas de tiempo por cuestiones técnicas, remarcados ya por los servicios jurídicos de la Cámara Baja, y la contratación de traductores, que debe cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde el PSOE, no obstante, minimizan esos argumentos y atacan al PP por oponerse a la reforma a la vez que, desde la Comunidad Valenciana, reclama que no se ningunee el valenciano y que se diferencie del catalán. Con la decisión de la Mesa, Armengol cumple su primera promesa como presidenta y Sánchez contenta a sus potenciales aliados, con la amnistía y la autodeterminación aún en el horizonte.