Fiscalía y la asesora de Begoña se unen para que el caso se archive

La semana pasada, el magistrado prorrogó la investigación abierta hace un año, en abril de 2024, por seis meses. Ahora, se extenderá hasta octubre. Para ello, el juez alegó que todavía tiene diligencias que practicar y que puede ordenar nuevas citaciones si éstas fueran «procedentes para el esclarecimiento de los hechos».

También que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene que entregarle el informe sobre la relación entre la mujer de Pedro Sánchez y Javier Hidalgo, hijo del propietario de Air Europa, por si ésta influyó en el rescate público a la aerolínea en noviembre de 2020.

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EEl instructor destacó igualmente que la causa no puede concluir ya porque tiene pendiente tomarle declaración como testigo -el Miércoles Santo- al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en calidad de ex secretario general de la Presidencia, máximo responsable del área en la que se contrató a Cristina Álvarez como directora de Programas. El puesto fue creado en julio de 2018, menos de un mes después de que Sánchez llegara a la Moncloa. La propia Begoña Gómez, según declaró Álvarez, se puso en contacto con ella para decirle que necesitaba a alguien de confianza y pensó en ella. Habían trabajado juntas en la empresa de ‘marketing’ Inmark.

El magistrado imputó a la asesora de la Moncloa, después de tomarle declaración como testigo, por hacer gestiones relacionadas con intereses profesionales o privados de la mujer del presidente, como contactar con los patrocinadores del ‘software’ de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuando en realidad fue contratada para llevar su agenda y garantizar su seguridad, según la documentación que aportó Presidencia.

El juez abrió una línea de investigación para saber si con dicha contratación para fines distintos a los previstos en el contrato pudo haber malversación de caudales públicos, sin apuntar de momento a nadie como posible responsable. En esa vía se encuadra la declaración de Bolaños como testigo.

La defensa de Cristina Álvarez, que ejerce el penalista José María de Pablo, se adhirió el pasado jueves a un recurso previo de la Fiscalía contra la prórroga de la instrucción a Begoña Gómez en la que se encuadran las distintas líneas de investigación ya con cinco investigados: la propia Begoña Gómez; la asesora de la Moncloa; el rector de la UCM, Joaquín Goyache; el directivo del Instituto de Empresa (IE) Juan José Güemes y el empresario Juan Carlos Barrabés.

«Nos mostramos de acuerdo con las alegaciones del Ministerio Público sobre la desproporción, generalidad e indeterminación del fin perseguido por las diligencias acordadas en relación con mi patrocinada, todas ellas recurridas en queja y/o apelación, pendientes de resolución», se puede leer en el escrito presentado el pasado jueves por la defensa de Álvarez, consultado por ABC, en referencia a las resoluciones pendientes de la Audiencia Provincial.

«Del mismo modo, coincidimos con el Ministerio Fiscal en el asombro por la contumacia del Ilmo. Sr. Instructor al ignorar lo acordado por la Audiencia Provincial, que por dos veces ha excluido del objeto de la instrucción los hechos referidos a Globalia, y por dos veces se ha topado con la rebeldía del Ilmo. Sr. Instructor, que sigue investigando los hechos relacionados de Globalia como si la Audiencia Provincial no existiera», se quejó también el representante legal de Álvarez.

El letrado criticó que el juez haya «citado a los investigados primero en calidad de testigos impidiendo su asistencia letrada», afirmó que «se oculta a los investigados los hechos que se les imputa» y lamentó que se investigue el nombramiento de un cargo de confianza como personal eventual cuando lo prevé la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. «En algún momento habrá que poner fin a tan excéntrica instrucción», afirmó.