La Fiscalía defiende la actuación de García Ortiz, «máximo responsable» de la nota sobre el novio de Ayuso

En concreto, el fiscal superior de Extremadura Francisco Javier Montero Juanes –que asumió el caso tras el choque interno en el Ministerio Público– recurre ese auto que puso en marcha la causa adoptando, entre otras diligencias, un requerimiento exhaustivo de información a la Fiscalía Provincial de Madrid para conocer al «máximo responsable» jerárquico de la nota de prensa que habría incurrido en la denunciada revelación de secretos.

«Aunque nada dice el instructor sobre qué persona es esa, se puede colegir que se trata del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado», dice el recurso, para recordar que ya Álvaro García Ortiz «ha asumido públicamente esa responsabilidad» en un acto público en el que defendió a los dos fiscales querellados y se reconoció como responsable último de lo ocurrido. «Sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación», dice el recurso.

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Apunta por ello que el TSJ no tiene competencia para investigar al fiscal general del Estado aunque, en cualquier caso, la divulgación de la nota no sería delictiva pues se trata de una conducta «antijurídica». Solicita el archivo de la causa y que se envíe a los juzgados de Madrid porque no ve indicio alguno contra los dos fiscales querellados y, en caso de que no se atienda esta pretensión, se revoque el auto que abrió la causa y acordó diligencias.

El recurso se centra en que ni siquiera la querella de González Amador justifica la pertinencia de esas medidas, ni tampoco el magistrado instructor razona su necesidad, sólo las asume. Sostiene que con esa resolución, el juez está dando «carta de naturaleza» al relato del empresario obviando la posición del Ministerio Público y la ausencia de indicios, que, en su opinión, concurre en este caso.

Tacha además de «sorprendente» que teniendo la misión de esclarecer la verdad material, el magistrado haya centrado la investigación «exclusivamente» en el seno de la Fiscalía y no en «otras personas que hayan podido tener algún tipo de intervención». Avisa, en este sentido, de que instará las diligencias que considere para avanzar también en otras líneas de investigación.

La referencia en el recurso suena a aviso a navegantes porque cabe recordar, que el origen está en la filtración interesada de unos correos entre el abogado de González Amador y el fiscal que acababa de denunciarle por defraudar a Hacienda. El letrado proponía llegar a algún pacto de conformidad reconociendo los delitos, pero lo que se publicó fue que la oferta era del fiscal. A partir de ahí, se encadenó la publicación de más información sobre la realidad del contenido de los correos y llegó después la Fiscalía con una nota de prensa que recogía la cronología de las comunicaciones y textuales de las mismas. Es la nota a la que se refiere la querella de González Amador.

Para el fiscal superior de Extremadura, se está desencadenando una investigación prospectiva a partir de un hecho no contrastado: que la filtración inicial de los correos se produjera desde la Fiscalía, cuando «parece» que salieron de la defensa. Recuerda al respecto que eran precisamente fuentes de la defensa de González Amador las que citaban los medios que publicaron las primeras noticias, que además, no han sido aportadas a la causa.

El recurso trae a colación en este punto el mensaje que publicó en la red social X el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sosteniendo que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, en línea con los titulares que erróneamente así lo indicaban.

En cuanto a la filtración de la denuncia por delitos fiscales contra González Amador, previa a la divulgación de los correos, el fiscal pone el acento en la pluralidad de personas que habían tenido acceso, desde la Agencia Tributaria hasta el personal del juzgado donde ya se había presentado.

En espera de que se resuelva este recurso, el requerimiento de información a la Fiscalía sigue vigente, como la citación de González Amador, que ha ratificado su querella este miércoles ante el TSJ.

Sin esconderse esta vez de las cámaras con ninguna argucia, llegaba pasada la una de la tarde a la sede del TJS, donde el juez instructor le había citado a las 13.30 para proceder a la ratificación. En un principio, el trámite se había fijado el viernes, pero se ha producido un cambio porque el empresario justificó que ese día tenía compromisos laborales.

La ratificación es una gestión casi administrativa en la que quien presenta una querella ha de pronunciarse sobre sus términos, ya sea para ampliar el contenido o enmendarlo, ya sea para confirmar que todo sigue en pie. En este caso, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, ha expresado su conformidad con el relato de hechos que exponía su escrito y su intención de ejercer la acusación particular en calidad de perjudicado en este asunto.

El trámite le ha llevado poco más de veinte minutos. No eran las dos de la tarde cuando el empresario abandonaba la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid escoltado por su abogado, -habían llegado por separado- y sin hacer comentarios a los medios de comunicación.