La Fiscalía reclama a Interior los vídeos íntegros del salto en la valla de Melilla

El requerimiento, librado hace unos días, es la última diligencia que se ha impulsado desde el Ministerio Público. Las fuentes fiscales consultadas por este diario no tienen constancia de que la respuesta de Interior haya llegado ya, pero en el ministerio explican que todos los vídeos que tenían ya fueron entregados y «el material del que no disponen es sencillamente porque no existe».

Precisan, además, que es la Comandancia de la Guardia Civil quien responde a estas peticiones de información, «como procede» y avanzan que «contestará a la mayor brevedad, explicando con todo detalle los motivos técnicos que demuestran que en los envíos originales se incluyó todo el material disponible».

Ya el Defensor del Pueblo, que abrió una investigación, informó el pasado octubre de que había solicitado a Interior «la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que podrían ayudar a aclarar algunos extremos», por lo que tampoco se las habrían dado todas desde el principio. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que tanto esta institución, como la Fiscalía disponen de todo el material disponible y que los vídeos recogen «íntegramente toda la secuencia de acontecimientos sin hueco alguno».

La investigación de la Fiscalía nació a instancias de la anterior fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para esclarecer qué ocurrió aquella mañana del 24 de junio y si de los hechos se pudo desprender alguna responsabilidad penal o administrativa.

El problema es que nació coja ya de raíz porque los fiscales españoles no pueden investigar hechos ocurridos en un país extranjero y al margen del debate abierto sobre la soberanía territorial del perímetro fronterizo donde se produjeron las muertes, el hecho es que no se recogió ningún cadáver en España sobre el que practicar prueba alguna. A efectos formales, así, ni siquiera consta en la Fiscalía que se produjesen muertes.

Otra cosa es que pese a ello, la fiscal decida judicializarlo, lo que ampliaría su capacidad para indagar. En cualquier caso, el plazo de que dispone vence en diciembre y, si llegado a ese punto, entendiese que faltan averiguaciones, solicitaría una prórroga a la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el grupo de portavoces de la Comisión de Interior del Congreso que se desplazó esta semana a Melilla tuvo acceso a una batería de imágenes aéreas del puesto fronterizo de Barrio Chino que allí mismo pudieron visionar. No se les mostraron los vídeos del circuito cerrado que tiene el perímetro, donde hay instaladas 74 cámaras de vigilancia, de acuerdo a las fuentes de la delegación consultadas por ABC.

En cuanto a las que apuntan al acceso al control fronterizo, donde tuvo lugar el grueso de la actuación policial marroquí, se les comunicó que estaban desactivadas ya que el paso no estaba operativo desde la pandemia. Una de las cámaras que tenían encima durante la visita estaba desenchufada.

Con todo, los parlamentarios confían en que Interior acabe aportando al Congreso todas las grabaciones del circuito cerrado que captasen el intento de salto de la valla sin edición ni cortes. Desde Interior señalan que ese mismo material «íntegro» que entregó a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo «está a disposición de la Comisión de Interior del Congreso».

Mientras, las ONG reclaman que este asunto se judicialice. En Caminando Fronteras critican la «absoluta impunidad» cuando se trata de migrantes. «Ni siquiera sabemos quiénes han muerto», señala a ABC la investigadora Helena Maleno. La organización concluyó en un informe que fueron 40 los fallecidos, frente a los 23 que dice Marruecos, y más los desaparecidos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos habla de 70 personas de las que nada se supo.

«En un Estado de Derecho se debería haber abierto ya una investigación judicial (...) y depurar todas y cada una de las responsabilidades. El Gobierno tiene el deber de facilitar a la Fiscalía la investigación iniciada y responder», añade Lourdes Reyzábal, de Fundación Raíces. Entiende que hubo delitos ese día en la valla, «uno de los mayores actos de violencia institucional» de esta «Europa fortaleza».

Maleno pone un ejemplo. El Derecho Internacional prohíbe expulsar a una persona a un lugar donde puede ser torturado. «Y se estaban produciendo torturas al otro lado de la valla, a la vista de las autoridades españolas». El Defensor cifra en 470 las devoluciones en caliente de aquella mañana.

Ambas expertas son críticas con el debate sobre la soberanía territorial del puesto fronterizo. Para Maleno, discutir si ocurrió en suelo español es un artificio para encubrir que lo que se vive en las fronteras es «una guerra de baja intensidad» con una motivación «profundamente racista» en la que están involucrados tanto España, «gobierne quien gobierne», como Marruecos.

Incide en que los propios gendarmes grabaron los vídeos y los filtraron, «en un mensaje al mundo de 'esto es lo que hay'». Pero su gobierno no ha recibido reproche del Ejecutivo español, «que tendría decir 'así, no'», ni tampoco de la UE, por una actuación policial y conjunta que, además, se financia entre todos. «Esta es la lógica que rige en la frontera. La línea del suelo entre países es lo de menos. Es propaganda».