La Fiscalía pide al Supremo que abra juicio contra Ponsatí por un delito de desobediencia por el 1-O

Según ha adelantado 'OkDiario' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, el Ministerio Público ha presentado el escrito antes de que los magistrados de la Sala se pronuncien sobre el horizonte judicial de Ponsatí.

El pasado julio, Llarena dictó el auto de conclusión de sumario al considerar que tras haberle tomado declaración no era necesaria ninguna indagación más. Así, puso fin a las pesquisas y las elevó a la Sala de lo Penal, que será quien decida los próximos pasos.

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Nati Villanueva

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Ponsatí fue detenida en julio después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona, a pesar de la orden de busca y captura nacional que pesaba en su contra.

Llarena acordó que fuera el Juzgado de Guardia de Barcelona quien le tomara declaración para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder continuar así el procedimiento penal en su contra.

La exconsejera se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedo libre, tal y como había dispuesto el instructor del 'procés', aunque con la imposición de designar domicilio en España para recibir notificaciones judiciales.

Aquella fue la segunda vez que Ponsatí fue detenida en Barcelona por orden del Supremo. Ya lo fue el 28 de marzo y entonces fue puesta en libertad con la obligación de que acudiera a declarar ante Llarena el 24 de abril, pero se ausentó alegando, primero, que tenía trabajo en la Eurocámara y, segundo, que estaba amparada por su inmunidad como eurodiputada.

Tras este plantón, el instructor volvió a dictar orden de busca y captura nacional contra Ponsatí con el único objetivo de que pueda comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia y continuar así el procedimiento penal en su contra, que hasta el pasado marzo estaba paralizado por encontrarse prófuga en Bruselas.

Llarena resolvió que había faltado a su cita con el Supremo «injustificadamente», al considerar que se podían haber buscado fórmulas para que compareciera incluso desde Estrasburgo; mientras que la segunda cuestión planteada por Ponsatí la contestó el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 5 de julio al levantar la inmunidad que retenían cautelarmente la exconsejera, el también exconsejero Toni Comín y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

De esta forma, el TGUE despejó el camino para que Llarena, previa petición de los fiscales del 'procés', pueda reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín. No obstante, en el caso de Ponsatí ya no es posible porque ha quedado procesada por un delito sin cárcel.