El juez envía a prisión a las esposas de yihadistas retornadas a España

Se trata de Yolanda Martínez y Luna Fernández, que llegaron el pasado lunes a la base militar de Torrejón de Ardoz acompañadas de 13 niños. Cuatro son hijos de la primera y cinco, de la segunda, que además tenía a su cargo a cuatro menores más hijos de un matrimonio fallecido en el conflicto. Todos están bajo protección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid desde que llegaron a España.

Tras pernoctar en dependencias policiales, ambas han pasado este miércoles a disposición de la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía ha instado prisión provisional para ambas. Solicitaba asimismo que se les retirara la patria potestad de manera cautelar respecto de los 13 menores a su cargo, pero el juez no lo ha acordado porque una vez en prisión, no habría riesgo de que adoctrinasen a los niños. Las envía a la cárcel, no obstante, porque concurre riesgo de fuga y un «evidente riesgo de reiteración delictiva».

Contra las dos pesa una orden internacional desde septiembre de 2019, librada por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista y ambas han han manifestado en distintos medios en los últimos dos años su deseo de regresar a España con los menores, afirmando sentirse «engañadas». Acabaron en los campos de refugiados de Al Hol y Al Roj, al nordeste del país, cuando el Estado Islámico perdió el control sobre el territorio en el que residían.

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Conforme razona el auto, las dos mujeres «habrían participado en actividades a favor de la organización yihadista DAESH» ya desde «antes de desplazarse a la zona de conflicto sirio-iraquí, circunstancia que habría quedado acreditada» ya en la investigación. Viajaron «junto a sus maridos» a esa región «compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos», que iban a hacer la yihad. Todo, «con el objetivo de demostrar su integración en la referida organización terrorista».

Yolanda Martínez es una conversa al Islam que «tuvo un papel destacado durante su estancia en España dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus» junto con la mujer de uno de los denominados «foreing fighters» que ya fue detenido por la Audiencia Nacional, Mohamed Khalouk. El juez expone que aquellos encuentros con el resto de mujeres «servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista Islam, lo cual se deduce de las conversaciones mantenidas entre los investigados con sus respectivas mujeres».

En el caso de Martínez, «compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estático ante el conflicto sirio y pasar a la acción», como se desprendía de las entradas y registros en casa de Khalouk. Encontraron allí incluso una carta de despedida previa a su partida hacia zona de conflicto, en el año 2014.

No se supo nada más de su paradero hasta la publicación de un vídeo ya en 2019 en el que intentaba, en palabras del juez, «desmarcarse de su integración en la organización terrorista» pero cuyo relato, la delató. Declaraba que llegó a la zona «sin saberlo» pero «muy contenta» porque les dieron una casa y a su marido, «un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados». «Sólo a los miembros de la organización les cedía una casa y se les daba un trabajo en la administración que el pseudcalifato estaba desarrollando», recuerda el juez.

En su opinión, «el hecho de que haya permanecido en territorio controlado por DAESH hasta su último bastión en torno a la ciudad siria de Baguz muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa».

En cuanto a Luna Fernández, es también una conversa al Islam y según el instructor, «mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al Andalus», donde «ejercía el liderazgo». Fue a su marcha cuando la esposa de Khalouk asumió ese rol, como apuntaba una de las conversaciones interceptadas durante la investigación en la que esta mujer trataba de captar a una joven. También aparecía en aquel vídeo con Yolanda Fernández y sus palabras sobre la ley de Alá y su deseo de respetarla, evidencian a ojos de la Audiencia Nacional, lo interiorizada que está su visión radical del Islam.

En el auto, el magistrado explica que Fernández se encontraba en un campamento ubicado en Al-Hawl (Siria), junto a sus 8 supuestos hijos: los dos con los que el matrimonio se desplazó a Siria desde Egipto en 2014 y otros dos nacidos ya allí. Tenía no obstante otros cuatro menores a su cargo que «pudieran ser tres de ellos de un matrimonio marroquí con un progenitor español y el cuarto de otro matrimonio con uno de los progenitores español».

Los primeros, serían hijos del combatiente desplazado desde España Mohamed El Ouriachi, que tiene pendiente una orden internacional de detención en esta misma causa y al que se presume fallecido en Siria, como a su mujer, de nacionalidad marroquí, ambos destacados integrantes de la Brigada Al Andalus. Para el instructor esto «demostraría la relación» que tenía Luna Fernández con ellos, hasta el punto de hacerse cargo de sus hijos a su defunción. Apuntala así, los indicios en su contra.

Pedraz, tras recordar que el objetivo final del DAESH es constituir un califato universal y para ello, su estrategia fundamental es la atracción de gente, subraya en el auto el «papel fundamental» que tienen las mujeres en este contexto, como «garantía de éxito a largo plazo de su proyecto de conquista». Considera que el proceso de captación «es el resultado de una estrategia deliberada» por la que las mujeres se han unido «en números nunca antes conocidos» y constituye «un fenómeno sin precedentes en la dinámica de otros grupos yihadistas».

La repatriación, que suscitó algunas reticencias en fuerzas policiales, fue coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores con participación de los departamentos de Interior, Defensa, Derechos Sociales, Justicia y Presidencia, en línea con iniciativas similares que han acometido tanto Estados Unidos como distintos países de la UE para repatriar a ciudadanos que se marcharon para servir al Estado Islámico.

La intención del Gobierno era repatriar a otras dos mujeres, una de las cuales es española y la otra si bien es de nacionalidad marroquí estaba casada con un español. Sin embargo, la primera resultó ilocalizable y con la segunda se han producido trabas burocráticas que han dificultado hasta ahora su traslado a territorio nacional.