La Fiscalía pide de 8 a 27 años de cárcel para los CDR acusados de terrorismo incluidos en la amnistía

El escrito, presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ya el pasado 3 de noviembre les sentó a todos en el banquillo, solicita en concreto 27 años de prisión para ocho de ellos, Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado.

El fiscal les acusa por delitos de pertenencia a organización terrorista (ocho años de prisión) así como tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista (once años de condena), más otro delito de estragos, también terroristas, en grado de tentativa (ocho años). Suma ocho años de libertad vigilada al término del cumplimiento.

En cuanto a los otros cuatro acusados, Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, el fiscal les acusa de un delito de pertenencia a organización terrorista por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide insta una condena de ocho años de prisión.

Para todos, la Fiscalía pide penas de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por diez años más de lo que dure la condena.

Los doce fueron detenidos a partir de septiembre de 2019 (junto a otra persona exonerada por razones de salud durante la instrucción) en el contexto de la denominada Operación Judas, bajo sospecha de planear actuaciones violentas con vistas a la conmemoración del 1 de octubre y la contestación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés que se esperaba para aquel otoño.

Ahora, podrían quedar protegidos bajo manto de la ley de Amnistía que ha iniciado ya su andadura parlamentaria y que sólo excluye los delitos de terrorismo relacionados con el independentismo para los que haya sentencia firme. Habida cuenta de los plazos que maneja la Audiencia Nacional, difícilmente habrá sentencia, siquiera de primera instancia, antes de que en primavera entre en vigor la legislación.

Pero al margen de lo que ocurra a nivel parlamentario, el Juzgado Central de Instrucción 6 que dirige Manuel García Castellón y la Fiscalía siguen trabajando. Tras la apertura de juicio oral por parte de la Sala de lo Penal, toca presentar los escritos de acusación y de defensa. Este es el trámite que ahora completa el fiscal Miguel Ángel Carballo.

Se da la circunstancia de que en el asunto sobre los CDR son el mismo juez y el mismo fiscal que trabajan en el relativo a Tsunami Democràtic, pero mientras en lo relativo a la Operación Judas han ido al mismo paso durante los más de cinco años que ha durado la instrucción, en la causa sobre los graves disturbios en Cataluña tienen criterios enfrentados: el juez ve terrorismo y la Fiscalía, desórdenes públicos.

Carballo ha recurrido los dos últimos hitos del instructor, el auto que imputaba a Carles Puigdemont entre otros por esos delitos terroristas y su decisión de enviar toda la causa al Tribunal Supremo para que sea allí donde se investigue al aforado.

En cuanto a los ahora acusados, durante las pesquisas, afloró que los doce habían «superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».

El escrito de acusación explica que la célula se creó «por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR, con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a 'la causa', habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles».

Las vigilancias de la Guardia Civil, de hecho, habían detectado deflagraciones en una de esas viviendas y en los registros se encontraron sustancias compatibles con la fabricación de explosivos, así como manuales e información para construirlos y mapas, fotografías de reconocimiento exterior y contenidos sobre esos pretendidos objetivos. Entre sus aspiraciones, por ejemplo, figuraba asaltar y asediar el Parlament para encerrarse dentro, tirando abajo el sistema de comunicaciones alrededor, y declarar la independencia.

Según relata el fiscal, ese era su objetivo final y tenían la determinación de alcanzarlo «empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España».

«Conformaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos como los que se describen, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior», señala el escrito.

Buscaban, como apuntaba el auto de García Castellón que ponía fin a la investigación, «subvertir el orden Constitucional» e «imponer su causa» constituidos en «organización terrorista» con forma de «comando autónomo» respecto de los CDR.