La Fiscalía se opone a suspender la petición andorrana de imputar a Rajoy por la operación Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado de urgencia la tramitación en espera de resolver el asunto
Madrid
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid se ha opuesto a suspender cautelarmente la remisión a Andorra de la comisión rogatoria que envió desde allí una juez para imputar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal ... Montoro por la caída de la Banca Privada andorrana en el contexto de la operación Cataluña.
El movimiento se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenase parar máquinas de urgencia, como pedían los abogados de los tres afectados, en espera de conocer las posiciones tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado respecto de la posible vulneración de derechos fundamentales así como la afectación a la soberanía nacional que todos ellos alegaban.
La clave, que la juez andorrana envió su petición de notificarles la imputación y el juzgado madrileño que lo recibió le dio curso, rechazando los recursos que todos presentaron. Acudieron igualmente a la Secretaría de Estado de Justicia contra la luz verde a la rogatoria que había dado primero la Dirección General de Cooperación Internacional, pero igualmente recibieron una negativa.
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Para la Fiscalía, lo que encubre «realmente» esa alegación de vulneración de derechos fundamentales es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid y la Sección de la Audiencia Provincial que es «ajeno« a la jurisdicción de lo Contencioso, que es donde han planteado el recurso. Eso, dice el escrito, »sin perjuicio de los derechos que a la parte pudieran asistir en el ámbito de la jurisdicción penal».
Incide en que el «cuestionamiento» que realizan los recursos -se pronuncia sólo sobre uno aunque fuentes jurídicas informaron a ABC de que Rajoy, Montoro y Fernández Díaz siguen idéntica estrategia- a la actuación de la Dirección General, «sería en su caso un examen de legalidad ordinaria, no susceptible de evaluarse por el procedimiento especial de derechos fundamentales al no estar acreditada la vulneración del artículo 14 que se invoca».
A vueltas con la rogatoria
Tal y como adelantó este diario, Rajoy y los dos exministros están peleando en España por invalidar esa petición enviada desde Andorra, cuya juez amplió los hechos que venía investigando en relación con presuntas maniobras policiales y del Gobierno español que desembocaron en la intervención de la BPA. Acababa de admitir una querella de una asociación de derechos humanos dirigida contra el expresidente del Gobierno y los titulares de Economía e Interior, entre otros, que se sumarían así a la lista de policías que ya estaba investigando.
Desde allí, remitió una solicitud de cooperación internacional a fin de notificar a los tres que estaban investigados, instarles a nombrar abogado acreditado en Andorra y emplazarles a una futura notificación con la fecha en que se les citaría para tomarles declaración. La petición llegó al Ministerio de Justicia, cuya Dirección General de Cooperación Internacional le dio curso reenviándola a los juzgados de Instrucción de Madrid, lugar de presunta comisión de los hechos y/o de residencia de los tres querellados. La juez que lo recibió, hizo lo mismo. Dio curso a la petición, notificó a todos y después, reenvió el resultado de nuevo a Justicia para que desde allí, se entregue a la juez andorrana.
Rajoy, Montoro y Fernández Díaz recurrieron el trámite de la juez, que inadmitió sus alegaciones y apelaron a la Audiencia Provincial. Allí les dieron la razón en que los recursos debieron admitirse, pero nada podía hacerse porque la rogatoria ya se había cursado. En paralelo, atacaron directamente la resolución administrativa del Ministerio de Justicia, donde de nuevo, recibieron una negativa.
Esa es la resolución que ahora impugnan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que les ha admitido una medida cautelarísima que obliga al ministerio a parar la remisión a Andorra de la documentación y que ahora ha puesto plazo para analizar si esa suspensión se alarga, es decir, resolver la medida cautelar.
La Fiscalía tenía de plazo hasta el jueves para informar el recurso de Fernández Díaz. En el de Rajoy no se le ha pedido su opinión. Conforme explican desde el Ministerio Público, el escrito que ha presentado se opone a parar máquinas porque entiende que lo que están reclamando excede del derecho que esgrimen como vulnerado, es decir, no es esta la jurisdicción donde analizarlo.
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