La Fiscalía se opone a la paralización de las exhumaciones del Valle de los Caídos

En julio, la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos pidió que se paralizaran las tareas de retirada de restos óseos que comenzaron por la capilla del Santo Sepulcro -donde se encuentran restos de fallecidos en el bando republicano- alegando que la búsqueda pone en peligro la integridad de los restos de otras personas cuyas familias no quieren sacar de la Basílica.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional desestimó las medidas cautelares solicitadas por la mencionada asociación, que ahora ha recurrido en apelación dicha decisión.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la de Memoria Democrática, se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones alegando que generaría un «perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Adminnistración pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas» según se recoge en la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado la inadmisión de la demanda principal de la asociación, sobre el fondo de ésta, considerando que hay flata de legitimación y el acto recurrido no es impugnable.

Se estima que en los osarios situados en distintas capillas de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial se acumulan restos de 33.847 españoles muertos en ambos bandos de la guerra y también los de fallecidos que fueron enterrados en cementerios de toda España y trasladados allí en 1959.

Gracias a pruebas documentales se ha podido relacionar los de algunos de ellos con enterramientos concretos, como los de republicanos fallecidos en Aragón que fueron trasladados a la capilla del Santo Sepulcro. Precisamente por ésta, situada tras el órgano de la Basílica, comenzaron los trabajos de exhumación este verano.

El pasado marzo, el Tribunal Supremo permitió las exhumaciones, rechazando un recurso también por la vía de lo contencioso-administrativo que presentó la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de permitir las obras necesarias para extraer los restos. Después del Tribunal Supremo, ahora la Audiencia Nacional también tendrá que pronunciarse sobre el posible daño al resto de enterramientos al que alude la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.