La Fiscalía se niega a suspender el juicio del Tribunal de Cuentas por la amnistía: «Conocemos la proposición pero no sus efectos»

El representante del Ministerio Público en el procedimiento, después de que los representantes de los demandados pidieran suspender la vista por «economía procesal» una vez que se ha registrado la proposición de ley, se opuso a dicha petición y solicitó que todo siga su curso hasta que la ley entre en vigor y se conozcan sus efectos concretos.

«La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro. Sabemos que a día de hoy hay una proposición de ley. El previsible futuro es que recorra la tramitación parlamentaria y termine convirtiéndose en ley con entrada en vigor con su aplicación. Entonces será cuando sus efectos se apliquen porque ahora conocemos la proposición pero no sus efectos», argumentó el fiscal Manuel Martín-Granizo.

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Según el texto de la proposición de la ley de amnistía registrado por el PSOE esta misma semana, quedan extinguidas las «responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el artículo 1.1 de esta ley, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada», se puede leer en el artículo 8 sobre sus efectos.

La proposición indica, incluso, que haya que dictar sentencia absolutoria. Así se especifica en su artículo 13: «Si el proceso de exigencia de responsabilidad contable tramitado por el Tribunal de Cuentas se hallara en fase de primera instancia o de apelación, los órganos competentes de dicho Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, dictarán resolución absolviendo de responsabilidad contable a las personas físicas o jurídicas demandadas, cuando dichas entidades no se hayan opuesto».

Ante la solicitud de suspensión por parte de los codemandados, la instructora del procedimiento, Elena Hernáez, acordó que tomará la decisión por escrito, continuando mientras tanto con los trámites de recogida de pruebas para la que hoy convocó a las partes, confirmando su decisión este miércoles, a pesar del registro de la proposición de ley.

En la misma providencia, la responsable del Departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento y consejera del Tribunal de Cuentas acordó denegar la solicitud del expresidente Carles Puigdemont para comparecer por videoconferencia en el procedimiento, instándole a comparecer físicamente en la sede de la céntrica calle Fuencarral de Madrid.

El expresidente catalán, fugado de la Justicia y contra el que todavía pesa una orden nacional de detención, no ha comparecido. Su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado que «quería hacerlo pero no ha sido citado personalmente», así como que no ha tenido tiempo para organizar su viaje desde Bélgica puesto que la decisión fue de esta misma semana. La consejera de cuentas alegó que denegaba la solicitud de comparecencia puesto que a pesar de que los codemandados tuvieron un año para pedirla, lo hicieron cinco días antes de la vista.

En el procedimiento de reintegro por alcance que este viernes ha llegado a juicio, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del 'procés', mientras Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra 11 personas, entre ellas los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, la eleva a 5,1 millones de euros.