La Fiscalía niega «directrices políticas» en su giro sobre la acusación a los jefes de ETA

Este jueves en la vista en la que tenían que declarar los exdirigentes de la banda terrorista Mikel Antza y Anboto el ausente en la sala fue el fiscal que llevaba el caso, Vicente González Mota. Según informaron fuentes fiscales a ABC, su ausencia se debió a discrepancias unos días antes con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, por la interpretación que cada uno hacía sobre la prescripción de los delitos en cuestión. Previamente, Alonso había elevado una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que aún dirige quien será sustituto de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, que concluyó que debía prevalecer la doctrina sobre la prescripción tradicional frente a la tesis del fiscal inicial. Es decir, que ambos etarras no podían ser juzgados por este delito dado que 25 años después ha prescrito.

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Mota defiende que la prescripción no empieza a contar hasta el momento de la detención; sin embargo, desde la Secretaría Técnica interpretan que el tiempo empieza a correr en el momento en el que se comete el delito. Ante este cambio de criterio, Mota se negó a ir a la comparecencia celebrada en el juzgado y, en su lugar, acudió otro fiscal, Pedro Rubira, que sí estaba de acuerdo con el criterio de la Secretaría Técnica.

Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, en la comparecencia explicó que el informe de la Guardia Civil que señalaba a Mikel Antza y Anboto como los dirigentes de ETA que ordenaron y pudieron haber evitado el crimen del concejal de Ermua no es suficiente para exigirles una posible responsabilidad penal si no hay más pruebas que lo sustenten.

En el comunicado difundido ayer, la Fiscalía defiende también que el organismo «ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico nos confieren: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad», para así –señalan– «procurar el interés social con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad». Tras negar cualquier tipo de intervención política en el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntan que «criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura».

El Ministerio Público también ha asegurado que «continuará ejerciendo sus funciones como hasta el momento lo ha venido haciendo; con profesionalidad, legalidad, y lealtad» y descartan cuestiones políticas: «La Fiscalía se rige por criterios legales y jurisprudenciales».

En el mismo comunicado, la Fiscalía ha explicado la aplicación de la prescripción de acuerdo a la Ley Orgánica 10/1995: «El cómputo de la misma comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de dirige contra persona concreta mediante acto de imputación».