El Ministerio Público marroquí ha justificado la decisión por la «ausencia de indicios de delito» y por el «uso proporcional de la fuerza» que observan por parte de los funcionarios de Rabat, según informa Las Provincias.
Aquel día de junio de 2022, al menos 1.700 inmigrantes, mayoritariamente sudaneses, intentaron acceder a Melilla de forma ilegal.
«Las investigaciones han demostrado que la intervención de las fuerzas públicas fue para repeler el ataque, el peligro que existía y mantener el orden con un uso proporcional de la fuerza, pese al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y que poseían armas blancas», asegura la Fiscalía de Rabat.
En España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió no investigarlo ni tampoco abrir diligencias.
Tampoco parece que próximamente se investigue este suceso, a pesar de que el Comité contra la Tortura de la ONU exigió al Gobienro español que «a más tardar el 28 de julio de 2024» llevara a cabo una investigación «de manera pronta e imparcial» para dilucidar las posibles responsabilidades de las fuerzas de seguridad españolas en aquel suceso, siempre según Las Provincias.
Así, con la negativa de unos y otros a investigarlo, no se ha llegado ni siquiera a concretar el número de muertos ni de desaparecidos, ya que no hay cifras oficiales.
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