La Fiscalía de Madrid pretende descargar la responsabilidad de García Ortiz en 500 personas

El teniente fiscal se hace eco de que esas diligencias de investigación, cuya dación de cuenta fue requerida por parte de la fiscal jefe provincial, fueron escaneadas, y «dado que tenían un excesivo volumen (o peso) para su remisión por email, fueron cargadas en una carpeta compartida de la web de la Fiscalía Provincial de Madrid llamada 'Guardia', a la que tenían acceso 499 personas (entre fiscales y funcionarios)».

Asimismo, prosigue, para la cumplimentación de la obligada dación de cuenta de la fiscal jefe provincial, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a la jefatura de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, «he constatado que se cargaron en otra carpeta que se comparte entre la Fiscalía Provincial de Madrid y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid». Sobre este último punto emplaza a la Abogacía del Estado a que se dirija a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para recabar los datos necesarios al respecto.

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Sobre el número de personas que tienen acceso a la cuenta de correo electrónico «Jefatura Provincial de Madrid», donde se envió el e-mail en el que la defensa de González Amador se autoinculpaba de dos delitos fiscales, el teniente fiscal dice que «sólo» le consta que tengan acceso la fiscal jefe provincial (la imputada Rodríguez), el teniente fiscal y las cuatro funcionarias de la secretaría de jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid«.

El informe de la UCO tras el registro al despacho de Pilar Rodríguez, el mismo que destacaba la «participación preeminente» del fiscal general en la filtración, se hacía eco de cómo ya el pasado 8 de marzo a las 07:09 horas, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, escribió a Rodríguez para hablar acerca de un archivo de las diligencias de investigación que le remitió ella el día anterior –7 de marzo– sobre la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales.

«Buenos días, Pilar. El segundo archivo que me enviaste parece que las páginas vueltas están sin escanear. A partir del folio 64 de las diligencias, ¿podrías pedirles que nos lo envíen escaneado por las dos caras?». Rodríguez responde: «Hola, 'sorry'. Me pongo con ello».

A las 09:00 horas de la mañana la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid realiza una llamada al órgano de 40 segundos en la que plantea la necesidad de que se realice copia de las diligencias conforme pidió Villafañe y se le remita por correo electrónico. A las 10:22 horas, escribe Rodríguez Fernández directamente al fiscal general del Estado. «Jefe, a tu disposición». Ya pasadas las cuatro de la tarde de este mismo día le vuelven a contactar desde la Fiscalía General a través, de nuevo, del teniente fiscal, Diego Villafañe. Este último le agradece que le hayan enviado de nuevo la documentación solicitada sobre la denuncia a González Amador.

La UCO destaca que de estas conversaciones se desprende que fue la Fiscalía General del Estado la que filtró a la prensa la denuncia por delitos fiscales y uno de falsedad en documentos. La denuncia se publicó en prensa el día 13, «tan solo 4 días después haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid».

En un escrito al juez, la Abogacía del Estado defiende que la denuncia contra González Amador y el informe de la Agencia Tributaria relativo a su caso «ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid».

Utiliza, además, el dato proporcionado por la Fiscalía de Madrid: «La denuncia y la documentación anexa» estaban en una «carpeta común» a la que «tenían acceso más de 499 personas», lo que «demuestra» que dicha documentación no estaba restringida sólo al entorno de Rodríguez y Villafañe.