La Fiscalía Europea urge a la Guardia Civil a informar sobre los contratos de Fiiapp en el caso Mediador

Según informan en fuentes del caso a ABC, la Europea recuerda en su escrito que ya el pasado 17 de febrero, tras las detenciones ordenadas por el juzgado de Santa Cruz de Tenerife en el conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, la instructora encargó a la Guardia Civil que analizase esos cuatro contratos bajo sospecha de amaño y, poco después, autorizó que se apoyasen para ello en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pide ahora el resultado de esa diligencia, con la previsión de remitírsela a la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) para que un perito la analice.

El juzgado llevaba un año investigando a puerta cerrada una trama por la que el mediador Antonio Navarro Tacoronte habría estado canalizando mordidas de empresarios a cargos públicos, entre los que figura el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni-, su sobrino y director General de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes y el general Espinosa, para ganarse su favor.

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En este contexto, las pesquisas revelaron que uno de los empresarios sospechoso de pagar comisiones había sido adjudicatario de cuatro contratos de suministro de drones, de los que tres lo fueron en el proyecto GAR-SI que el general dirigía en el Sahel y el cuarto, en otra iniciativa de la Fiiapp también vinculada con políticas de seguridad. De ahí que la instructora ordenase diseccionar las adjudicaciones, que suman 263.000 euros con cargo a fondos de la Comisión Europea canalizados por esa fundación cuyo patronato preside la vicepresidencia Primera del Gobierno.

Sin embargo, esos análisis encargados a la Guardia Civil no habían llegado aún a la juez de Santa Cruz cuando el pasado abril, la Fiscalía Europea asumió la parte de la causa que afecta a ese dinero comunitario y así, la investigación sobre los cuatro contratos y las «comisiones» que se pudieran haber pagado, tal y como recogía el decreto de avocación al que tuvo acceso este diario.

Lo que sí había llegado a oídos de la instructora era que ya figuraban indicios fundados de manipulación en al menos dos de esas adjudicaciones para compra de drones y servicios de detección destinados a distintos puntos del Sahel. En un oficio dirigido a la Europea, le trasladaba lo que la Guardia Civil le había reportado verbalmente: «Han sido recabados correos y audios que evidenciarían que al menos en dos de esos contratos ya analizados, pendiendo otros dos, han sido elaborados ad hoc para ser adjudicados a medida del empresario Suárez Estevez».

Esa información fue tenida en cuenta por la institución cuando hubo de informar sobre la permanencia en prisión del general Espinosa, si bien tampoco la tuvo por escrito. «Quedan pendientes diligencias de análisis de efectos encontrados en las entradas y registros en el domicilio de Francisco Navas y José Suarez Estevez», decían en aquel momento los fiscales delegados a cargo del asunto.

Ahora, vencidos tres meses desde la encomienda de analizar la documentación, la Europea la requiere para seguir con las pesquisas, porque como destacaban en su argumentario al juez de la Audiencia Nacional que vela por las garantías del proceso, «toda vez que nos encontramos ante procedimientos administrativos, cabría derivarse la posible implicación de terceras personas, tanto funcionarios públicos como particulares«.

Y el punto de partida es el análisis de esos contratos, tanto desde el punto de vista formal de la tramitación, -de ahí que hayan pedido también la documentación recopilada en la Fiiapp-, como desde la «trastienda» que a golpe de dispositivos intervenidos en los registros, están analizado los investigadores.