La Fiscalía Europea reclama a la Audiencia Nacional todo el caso Koldo

En un comunicado hecho público hoy, el organismo explica que si bien en un principio el pasado 4 de marzo la Fiscalía Europea en Madrid abrió una investigación por un posible fraude relacionado únicamente con las adjudicaciones de los servicios de Salud de Baleares y Canarias, donde había fondos europeos comprometidos, tras el análisis de documentación complementaria ha advertido que, al menos, uno de los contratos concedidos por la Administración Central también afectaría a dinero comunitario.

Se trata, en concreto, del suministro de mascarillas profilácticas adquiridas desde ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, por importe de 12,5 millones de euros.

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Isabel Vega

«A la vista de que el Juzgado Central de Instrucción número 2 investigaba a la misma empresa por contratos adjudicados por otras administraciones y, como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos», explica en la nota.

«Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», concluye.

Hasta la fecha la investigación relativa a las adjudicaciones realizadas a la empresa del caso Koldo desde el Ministerio de Transportes ( por valor de 32 millones de euros) y el Ministerio del Interior ( por valor de 3,5) era competencia del juez Ismael Moreno junto con la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario el movimiento del organismo europeo podría acarrear un posible conflicto de competencias que deberá resolver en última instancia el Supremo. En caso de que el juez Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea y entienda que es la Audiencia Nacional quien debe continuar la instrucción de la causa, podría plantear una cuestión de competencia y el Alto Tribunal tendría la última palabra. Así lo recoge el artículo 9 de la Ley Orgánica 9/2021, que aplica el reglamento comunitario, en caso de que existan discrepacias. De hecho ya existen antecedentes en este sentido, en el marco de otras causas.

Fue el 6 de septiembre de 2023 cuando el fiscal anticorrupción Luis Pastor interpuso una querella ante los Juzgados Centrales, a raíz de la denuncia presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, por hechos que entendía podían ser constitutivos de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, este último ilícito, realizado en parte en Brasil y Luxemburgo, lo que a juicio del Ministerio Público, conllevaba «necesariamente» la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional.

El escrito entonces se centraba en la presunta existencia de una trama surgida en el entorno del Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente de la cartera, y se dirigía contra su entonces asesor, Koldo García, y otras seis personas más que se habrían enriquecido con presuntas comisiones ilegales fruto de la venta de material sanitario durante la pandemia. Entre ellas, su mujer y hermano, un guardia civil y tres empresarios, entre los que destaca Víctor de Aldama.

Tras constatar que las adjudicaciones realizadas en Baleares y Canarias se pagaron con fondos comunitarios, la Fiscalía Europea reclamó esa parte de la causa. Fue el pasado mes de marzo y, entonces, como en esta ocasión, haciendo una «excepción», la Fiscalía Europea informó de que había abierto una investigación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En la nota de prensa difundida hoy precisó que informa sobre el caso Koldo, haciendo una salvedad, por el «significativo interés público sobre ella».