Los fiscales progresistas tachan de «caza de brujas» la citación de García Ortiz como imputado

La UPF, de la que fue portavoz el propio García Ortiz, ha salido en defensa del fiscal general al entender que la resolución del juez Hurtado, «lejos de argumentar indicios incriminatorios algunos, está describiendo el funcionamiento normal y ordinario de toda la institución».

En el auto notificado este lunes, el instructor ha citado al fiscal general para que declare en la causa en la que se le investiga por la presunta filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha llamado a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe.

En su resolución, tras hacer un relato cronológico de las comunicaciones relacionadas con el caso, el juez asume además que desde Presidencia del Gobierno se hicieron «gestiones» para que se publicara en 'El Plural' el mail en el que el novio de Ayuso se autoinculpaba de dos delitos fiscales.

Horas después de conocerse la imputación formal del fiscal general, la UPF ha mostrado su «absoluta disconformidad y perplejidad» por esta decisión, alegando que supone «criminalizar el funcionamiento normal de la institución del Ministerio Fiscal». En esa línea, ha reiterado que la resolución supone un «ataque directo» a su funcionamiento interno «en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera».

La asociación se ha referido así también a la decisión del magistrado de extender la condición de investigado a Diego Villafañe porque, según el auto, «de manera coordinada» con los otros dos investigados, García Ortiz y Rodríguez, se podría «haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano».

«La dación de cuenta al fiscal general de los asuntos trascedentes no es una posibilidad sino una obligación de los Fiscales Jefes en aras a mantener estos principios de jerarquía y unidad de actuación», han señalado desde la UPF, al tiempo que han insistido: «El relato de hechos en los que se basa la resolución judicial (...) no supone otra cosa que manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito».

Por todo ello, los fiscales progresistas han tildado la resolución judicial de «ataque sin precedentes al Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho», y han insistido en que evidencia «no no sólo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino además la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento».