El fiscal del Tribunal de Cuentas no ve «procedente» plantear una cuestión prejudicial por la amnistía
La consejera que llevó la causa por los gastos del 'procés' en el exterior y el referéndum del 1-O activó el procedimiento para dirigirse a la Justicia europea
La defensa de Puigdemont dice que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para dirigirse al TJUE
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, considera que «no es procedente» plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que aclare una posible colisión de la aplicación del derecho de la Unión Europea con ... la ley de amnistía.
El representante del Ministerio Público se pronuncia así sobre la petición de la consejera del órgano fiscalizador que ha llevado la causa para recuperar los fondos públicos invertidos en la promoción del 'procés' en el exterior y la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, quien inició el procedimiento para dirigirse a la Justicia europea.
La responsabilidad contable del proceso soberanista también decae con la aprobación de la ley de amnistía. De ahí que la consejera responsable del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, iniciara el procedimiento para consultar al TJUE y dio 10 días a las partes -la Fiscalía, los demandantes de Sociedad Civil Catalana (SCC) y los demandados- para que se pronunciaran.
El fiscal, según el escrito que ha presentado este martes, considera que «el TJUE solo puede pronunciarse sobre la cuestión prejudicial cuando el derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso».
Martín-Granizo considera que no es procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial «teniendo en cuenta el contenido de las cuestiones planteadas en la referida providencia y que no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del propio TJUE».
3,1 millones de euros
En la causa, que se dirige contra políticos independentistas, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como contra el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la Fiscalía pide que entre todos paguen multas de 3,1 millones de euros.
La consejera Hernáez dejó visto para sentencia el procedimiento justo un día antes de que se aprobara la ley de amnistía en el Congreso, por lo que aún no existe sentencia en este procedimiento que la defensa del expresidente Carles Puigdemont denuncia que ha vulnerado sus derechos fundamentales. En un escrito de la semana pasada, Gonzalo Boye también se opuso a la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE con acusaciones contra la consejera que ha llevado el procedimiento, quien consideró que busca protagonismo.
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