La fiscal imputada con García Ortiz cambia la Abogacía del Estado por un exfiscal de la AN para su defensa
El juez rechaza nuevas diligencias sobre la nota de prensa de Fiscalía y el móvil del fiscal general del Estado
La fiscal imputada se desmarca de García Ortiz para intentar salvarse
A las puertas de un eventual procesamiento, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada en el Tribunal Supremo junto al fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha decidido dejar su defensa en manos del abogado y fiscal en ... excedencia Daniel Campos y no en la Abogacía del Estado, que llevaba la causa desde el inicio. Se desvincula así de forma clara de una estrategia de defensa común con Álvaro García Ortiz, al que llevan también los servicios jurídicos del Estado en los dos casos. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, quien solo estuvo imputado unas semanas, también optó en su momento por un abogado de pago, el penalista Cristóbal Martell.
En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso ABC, se informa de este cambio en la dirección letrada de Rodríguez, así como de dos escritos presentados por el abogado del Estado que representa al fiscal general aportando dos actas de manifestaciones ante notario de tres periodistas de El País en los que el fiscal general ha confiado su última baza en esta trama final de la instrucción. Los informadores, entre los que está el subdirector del rotativo, emulan a Lobato con este inusual gesto e informan de que supieron del acuerdo de conformidad del abogado del novio de Ayuso con el fiscal Julián Salto horas antes de la filtración que el juez atribuye a García Ortiz. A diferencia de las del socialista Lobato, estas actas notariales no contienen captura alguna.
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Por otro lado, en otra resolución el instructor rechaza una serie de diligencias solicitadas por el propio González Amador y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular.
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La pareja de Díaz Ayuso pedía analizar el archivo de Word con la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, donde se detallaba el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, un comunicado que se investiga como parte de la presunta revelación de secretos.
Curso de la instrucción
La acusación particular buscaba que se examinara el archivo enviado vía WhatsApp por García Ortiz a Rodríguez a las 00:12 horas del 14 de marzo de 2024 para determinar si los metadatos permiten conocer la fecha de creación, el autor y las modificaciones del documento. No obstante, Hurtado lo rechaza porque no se indica «la relevancia» de dicha diligencia.
También desestima, por los mismos motivos, las solicitadas por la APIF. La asociación de fiscales interesaba revisar el teléfono móvil de García Ortiz para ver si constan una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.
Tres expedientes de la Fiscalía
La APIF también emplazaba a Hurtado a requerir a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando en este sentido que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que «debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado».
La acusación popular alegaba que, «como quiera que dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente (...) aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial, qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir y la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones».
«Como en el caso de la anterior diligencia, tampoco se indica la eventual incidencia que pueda tener, o hasta qué punto pueda ser relevante, de cara a la decisión de dictar el auto de pase a procedimiento abreviado, que es lo que se nos está pidiendo», responde Hurtado, recordando que en ese mismo escrito la APIF le instó a procesar ya a García Ortiz.
Personación de Vox
Por otra parte, Vox ha presentado un escrito en el Supremo en el que solicita su personación en la causa como acusación popular y pide que se le dé traslado de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo hasta el momento en el procedimiento. Hace unas semanas Hazter Oír también pidió su personación en la causa. El juez Hurtado la rechazó pero la Sala Penal le obligó a aceptarla al estimar que «no parece que el perjuicio que conlleva para la agilidad del proceso el admitir una asociación más como acusación popular resulte un obstáculo insalvable, especialmente, dada la posibilidad de agrupación que efectivamente posibilita el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)».
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