La Fiscalía apunta que los votos comprados en Melilla se pagaron con fondos de contratos públicos
Asigna el caso a Anticorrupción, que ya lleva las pesquisas por presunto fraude electoral en Mojácar (Almería) ante la «trascendencia» de los delitos
La mitad de las solicitudes de voto por correo en Melilla no se han aceptado
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asignado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación sobre el presunto fraude electoral registrado en Melilla ante la «especial trascendencia» de unos hechos que resume como «una operación a gran escala de compra de votos». Expone que ... según lo averiguado hasta la fecha, el sistema delictivo se estaría costeando con dinero salido de contrataciones públicas.
En un decreto al que tuvo acceso ABC, explica que la investigación arrancó en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla a partir de un atestado de la Policía Nacional que alertaba sobre «la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones a la Asamblea de Melilla» que se celebran este domingo.
Y las investigaciones realizadas hasta el momento han puesto de manifiesto la existencia de la mencionada «operación a gran escala» por la que se compraron votos por entre 100 y 150 euros «a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
La trama se desencadenó ya desde el 4 de abril, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria electoral y, conforme explica el decreto de la Fiscalía, «habría sido llevada a cabo por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».
La Policía detuvo el martes a nueve individuos entre los que figuran el número tres del partido, Mohamed Ahmed Al-la y el yerno del líder Mustafá Aberchán, conocido como 'Abu Lobo'. Además, practicó una decena de registros en los que encontraron votos, resguardos y dinero en efectivo.
«Licitaciones, convenios, contratos y subvenciones»
«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada», dice la Fiscalía General. Sostiene que «la compra de votos se estaría financiando además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma».
Tal y como publicó ABC, el Gobierno de Melilla ha adjudicado desde que empezó la legislatura 68 millones de euros en contratos menores, casi nueve de cada diez sin publicidad y por importes en torno a 8.000 euros.
De hecho, sólo el consejero detenido el martes, y que fue destituido en 24 horas, adjudicó 80 contratos menores en el primer trimestre de este año, a un ritmo por encima de 25 al mes. El volumen de dinero público licitado fue de 1.460.776 euros, de los que se adjudicaron 1.446.529.
Para la Fiscalía General del Estado, los indicios recabados apuntan a delitos electorales así como de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
El impacto en el censo del voto por correo
Uno de los indicios que se puso en el punto de mira para considerar que algo estaba pasando con el voto por correo en la ciudad autónoma fue cómo se dispararon las solicitudes en comparación con convocatorias anteriores y con la media nacional: más de 11.727.
Finalmente, y después de que la Junta Electoral de Zona impusiera restricciones a la hora de presentar los sufragios, como mostrar el DNI o limitar el número de sufragios que se podían entregar de una vez, se han validado un total de 5.814 votos por correo, un 49,66 por ciento, según ha informado Correos este viernes.
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