La fundación del caso Mediador dio otros 800.000 euros a la empresa del sobrino del Che tras la denuncia de la IGAE

Como adelantó este lunes ABC, entre las críticas de la IGAE estaba la relación entre la sociedad de Roberto Guevara y el Gobierno cubano, beneficiario del programa de Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea: «Se observan vínculos entre el contratista y el Gobierno beneficiario en los contratos suscritos de forma reiterada con la empresa Kapan, en tanto que, si bien está domiciliada en Panamá, está adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba».

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Isabel Vega

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Al igual que sucedió con los contratos de 2018, que suman exactamente 2.486.350,66 euros, en la mayor parte de los posteriores al informe de la IGAE la única empresa que concurrió fue el Grupo Kapan, hecho que también afeó el interventor del Estado. El primero de la nueva tanda de contratos data de enero de 2020 y asciende a 78.000 euros para suministro de mobiliario de oficina. Según la documentación oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la única oferta recibida fue la del Grupo Kapan. Un mes después se adjudicó un contrato presupuestado en 632.000 euros y compuesto de siete lotes.

La empresa del sobrino del Che Guevara ganó seis, todos menos el primero, y en cuatro de ellos fue el único licitante. Estos lotes suman 529.700 euros. Ya en 2021, en el mes de mayo, Kapan Internacional recibió 55.000 euros para suministro de equipos informáticos y consumibles. De nuevo fue la única empresa que concurrió. Tres meses después, en agosto, el sobrino del revolucionario cubano obtuvo el cuarto contrato de esta tanda: 132.950 euros para suministrar ordenadores y monitores.

El material que vende Kapan a la fundación gubernamental española ahora presidida por Nadia Calviño se había de entregar en Cuba. La totalidad de los contratos que Fiiapp ha adjudicado al Grupo Kapan Internacional asciende a 3,3 millones de euros -al margen de contratos menores-, todos ellos para dotar de equipos informáticos y mobiliario a funcionarios cubanos en el marco del programa de Intercambio de Expertos Cuba-UE.

Como desveló ABC, este proyecto es uno de los cuatro que está investigando la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), puesto que se financian con fondos de la Comisión Europea. Los inspectores comunitarios visitaron por sorpresa la sede la Fiiapp en Madrid el pasado diciembre y requisaron abundante documentación, correos electrónicos y contenido de teléfonos móviles. También se llevaron documentos relativos al proyecto GAR-SI Sahel, el que lideró el general Francisco Espinosa, en prisión preventiva por orden de la juez del caso Mediador -en el que también está imputado el exdiputado socialista Tito Berni-, que lo investiga por el presunto amaño de contratos en favor del empresario conocido como 'el Drones'.

Cabe recordar que el mismo año de la auditoría, 2020, el entonces jefe del área jurídica de la fundación realizó un informe interno en el que denunció como práctica habitual la adjudicación a dedo de contratos públicos mediante la elaboración de pliegos 'ad hoc', tal y como reveló ABC.

Fuentes oficiales de la fundación sostienen respecto a las cuatro adjudicaciones posteriores al informe de la IGAE que obedecen al «particular marco de mercado cubano» y que, no obstante, «siempre» han constatado que «esta empresa no está en la lista de operadores económicos excluidos de contratos financiados por la UE».

Añaden que «la actual dirección puso en marcha una serie de medidas para cumplir con las recomendaciones recibidas, entre ellas la revisión y fortalecimiento del sistema de control interno de la fundación». Entre ellas estarían «la creación de un área de auditoría interna y de gestión de riesgos, la revisión y mayor procedimentación de los procesos de contratación, la incorporación de una gerente con el fin de impulsar la coordinación de los servicios centrales de la fundación y la renovación de las direcciones de servicios jurídicos, gestión económica y sistemas de información».

La Fiiapp maneja un presupuesto anual medio de 67 millones de euros, la práctica totalidad fondos europeos. En el patronato que controla la fundación están, tras la vicepresidenta primera, los ministros de Exteriores y Justicia, José Manuel Albares y Pilar Llop, entre otros altos cargos del Gobierno.