A favor de adelantar el voto, más participación y un nuevo contrato territorial: la hoja de ruta de Yolanda Díaz

«No son el proyecto definitivo, sino un punto de partida», especifica el documento difundido, en el que en un total de 35 puntos se abordan cuestiones como la juventud, el feminismo, la calidad democrática, la sanidad, la educación, la Justicia o la transición energética, entre otros asuntos. Estas son algunas claves:

Para contribuir a «reducir la brecha entre la política y la juventud», la plataforma de Yolanda Díaz promueve adelantar la edad legal para ejercer el derecho de voto, siendo esta en vez de los 18 los 16 años.

Colocan a los jóvenes en el centro de diferentes materias como son el acceso a una vivienda, la salud mental o el trabajo, apostando por impulsar «un pacto de estado por la juventud», para que esta sea «vector crítico» en la elaboración de cualquier política pública y garantizar su participación en «la construcción de la España del futuro».

La plataforma apuesta por la implementación de políticas de «rentas mínimas efectivas y generosas», sin olvidar a las familias que a pesar de no poder acceder a este tipo de medidas, tampoco pueden vivir «desahogadamente».

Una de las opciones novedosas que presentan para completar las políticas redistributivas es la puesta en marcha de una «herencia universal»: «un sistema público de dotación de capital a cada joven», es decir, otorgar una cantidad económica específica para los jóvenes.

Desde Sumar argumentan que es necesario «un nuevo contrato democrático entre representantes y representados para una democracia de calidad». Proponen mayor «implicación y responsabilidad ciudadana» en los asuntos públicos, con iniciativas como la Ley Orgánica de Participación; mientras que consideran que también es necesario «reducir el poder partidista» en determinados asuntos.

En materia sanitaria, instan a seguir apostando por la Salud Mental, completando su reforma desde un «abordaje asistencial integral», y consideran que deben incorporarse «progresivamente» a la cartera básica sanitaria servicios como la salud bucodental, óptica, psicología, terapia ocupacional y fisioterapia.

Desde Sumar consideran necesario apostar por mayor inversión en el sistema educativo, priorizando lo público frente a lo privado, para garantizar la «suficiencia financiera» que contribuya a conseguir que el 90 por ciento del alumnado pueda escolarizarse en la red pública.

Especial atención a la Formación Profesional, donde ha aumentado la demanda, y a la educación de 0 a 6 años, sin olvidar los currículos educativos. Consideran que estos deben actualizarse dado que han sido «rígidos, con sesgos de clase y de género y excluyentes». También se baraja incorporar figuras de la educación social y mediación intercultural a los centros.

En el programa se contempla también la necesidad de una nueva política industrial, más proactiva y orientadora, que ayude a resituar a España en el mapa industrial internacional.

Medidas para mejorar las condiciones laborales aparecen en muchas de las materias que contempla el texto, aunque en un punto específico se habla de seguir trabajando para proclamar un Estatuto del Trabajo, sin olvidar el papel de las PYMES y sus desafíos, con medidas específicas para favorecer su crecimiento.

En la línea con la recién aprobada Ley de Vivienda, apuestan por desarrollar un sistema de vivienda público y una normativa que evite la especulación, que proteja a los residentes y que garantice la función social de la propiedad, haciendo así «efectivo» el derecho a la vivienda.

Hablan de reequilibrar el mercado, regulando los precios del alquiler, «excepcionalmente en el tiempo y el espacio», en zonas de mercado tensionado. Además, apuestan por impedir los desalojos si no hay alternativa habitacional.

En materia medioambiental, destaca su apuesta por la descarbonización del transporte, el cual es «responsable» del 29 por ciento de las emisiones totales. Por este motivo, abogan por incentivar aún más el uso del transporte público y la movilidad activa.

Sobre la energía, consideran que es necesario reducir «paulatinamente» la dependencia energética del exterior y apostar por los recursos renovables del país y por su eficiencia. Contemplan establecer tarifas progresivas de acuerdo con el consumo y apuestan por que la Administración pública recupere capacidad de regular.

Sumar habla de dotar al Estado de las autonomías de un horizonte político de expectativas, es decir, de un marco interpretativo que vaya más allá de su visión como descentralización administrativa.

Insta a elaborar un nuevo contrato territorial que comprenda su pluralidad política tanto la voluntad de autogobierno de cada comunidad como la voluntad del gobierno compartido del conjunto.

Sobre la gestión migratoria, apuestan por poner fin a los Centros de Internamiento de Extranjeros e instan a reformar la Ley de Extranjería. Insisten en la necesidad de proteger a la infancia migrante y refugiada, y desmilitarizar una cuestión que tiene cáracter social y debe tratarse con absoluto respeto a los Derechos Humanos.