Las familias se enteraron de las exhumaciones del Valle de los Caídos por la prensa

Leyeron la noticia en el diario 'El País' y la escucharon en el telediario de la noche, pero la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, no se dirigió de manera oficial a los reclamantes o su representante legal hasta la madrugada del lunes. Entre la una y las siete, las horas inmediatamente anteriores a que el equipo forense entrara en la cripta situada en la capilla del Santo Sepulcro de la Basílica, fueron llegando por goteo los correos electrónicos con una carta del secretario de Estado Fernando Martínez López para cada uno de los reclamantes.

«Queremos comunicarle que hoy lunes 12 de junio de 2023 se ponen en marcha las exhumaciones forenses en las criptas del Valle de Cuelgamuros, que incluyen la búsqueda de los familiares de Purificación Lapeña Garrido, cuyos nombres son D. Antonio Ramiro Lapeña Altabás y D. Manuel Lapeña Altabás», se leía al inicio de la misiva a la que tuvo acceso ABC.

Precisamente un auto de 2016 del juez José Manuel Delgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció el «derecho a la digna sepultura» de los hermanos Lapeña, ante la «alta probabilidad» de que sus restos se encontraran en la cripta del Santo Sepulcro. Manuel, fundador de la CNT de Calatayud (Zaragoza) fue fusilado en agosto de 1936 en la ciudad aragonesa por las fuerzas franquistas y su hermano tres meses después en el mismo sitio. Sus cuerpos se trasladaron en 1959 al Valle de los Caídos. Un escrito de Patrimonio Nacional expone que los restos de una fosa de Calatayud con una numeración concreta se llevaron a la cripta y se sitúan en el nivel tercero de los osarios, donde otras familias están seguras de que fueron trasladados otros asesinados del bando republicano en Aragón. De ahí que desde que se dispone de la resolución judicial ya firme del caso Lapeña otras familias reclamen que se extraigan las cajas con inscripciones de dicha capilla.

Precisamente la carta de la Secretaría de Memoria Democrática especificaba que será allí donde comenzará la labor del equipo de forenses: «La intervención forense comenzará por resolver los casos solicitados que se encuentren en la capilla del Santo Sepulcro. Por un lado, hay una sentencia judicial de 2016 que hay que cumplir, relativa al caso de los hermanos Lapeña de Calatayud. Y por otro, es la capilla en la que hay más solicitudes de todo el conjunto de la Basílica», se leía en la comunicación.

La autorización de exhumación afecta a más de 120 solicitantes. Las nueve familias representadas por el abogado Eduardo Ranz, tanto de fallecidos en el bando republicano como en el nacional, pedirán este martes al Ministerio de Presidencia y Patrimonio Nacional poder acudir a presenciar los trabajos. El Gobierno, en la carta remitida, afirma que el trabajo forense arranca ahora, a 42 días de las elecciones generales adelantadas, tras superar «los múltiples obstáculos jurídicos que se prolongaron durante muchos meses», cuando han concluido las tareas de acondicionamiento de las criptas.

No se les ha especificado quién conforma el «equipo de forenses con gran experiencia contrastada» que trabajará «mediante protocolos reconocidos internacionalmente» ni las técnicas que se utilizarán. El Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia tiene desde 2019 muestras de ADN de los reclamantes para cotejarlos con los restos y comprobar si se corresponden con los de sus antepasados.