Es prácticamente imposible desde que existen los centros de tratamiento automatizados de datos (CTA) de Correos seguir el rastro de una carta a la inversa, es decir, saber dónde se depositó el sobre, según explican fuentes policiales. «Salvo que se franquee en ventanilla ... en una oficina de Correos donde se le asigna un código, ahí sí se podría rastrear».
«El sistema de procesado hace que sea inviable centrarla», reiteran estas fuentes. Ni siquiera con un mandamiento judicial, como ya ocurrió en el caso del que es víctima el empresario Fernando Sarasola. Un desconocido lleva una década enviando cartas de amenaza a todo tipo de personas en nombre del empresario sin que hasta el momento se le haya podido identificar.
«Es más fácil localizar una IP en China que saber en qué buzón de Correos se echó un sobre con ántrax», dicen las fuentes consultadas. A este sistema de procesado de millones de envíos, casi irrastreables, se suma el escaso o nulo control de seguridad en esos centros, que ha permitido que llegaran balas a ministerios hace un año y ahora pólvora y metralla.
El Gobierno cambia radicalmente de estrategia tras no hallarse al otro autor
Tras lo sucedido el año pasado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntó al Gobierno por escrito cuántos envíos de sobres y paqueterías con artefactos o material explosivo habían sido detectados por Correos en los últimos diez años. La respuesta: «(...) En los últimos 10 años, no se han detectado por Correos artefactos o material explosivo en los envíos que tramita la Sociedad».
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