PP y Vox aprueban en Extremadura la ley de Concordia que deroga la de Memoria Histórica

De esta forma, se aprueba en Extremadura un nuevo marco normativo que busca defender la «concordia, reconciliación y convivencia de todos los extremeños», sin excepción y bajo los «principios democráticos recogidos en la Constitución Española». La ley reconoce a «todas las víctimas» de violencia política, terrorismo o persecución ideológica o religiosa desde el año 1931 hasta nuestro tiempo. El texto recoge varios elementos clave: «verdad», «rigor histórico» o «criterio científico» como «garantía de no repetición».

La ley de Concordia quiere «evitar el enfrentamiento entre españoles» y, para ello, se confeccionará un censo de víctimas en la comunidad que dependerá de una nueva Comisión Técnica de la Concordia, que echará a andar en el plazo de un año. Una de las portavoces del Partido Popular, Luisa María Durán, defiende que la nueva ley «garantiza la dignidad y asegura lo verdaderamente importante, que es avanzar en las labores de identificación y de exhumación», pero siempre con «rigor científico y el respeto que las familias y víctimas merecen». Por todo, dice, es «hoy más necesaria que nunca» una ley de estas características.

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Por su parte, Vox ha celebrado la aprobación de la nueva ley como un triunfo del «hermanamiento y el perdón». La formación entiende que, al fin, se podrá «tratar a todas las víctimas por igual» con una ley que «se centra en lo importante, en recuperar a las personas queridas que no están localizadas». «Reconoce a todas las personas, no solamente a las que le conviene utilizar a la izquierda en beneficio propio», decía el portavoz Óscar Fernández Calle. La unión en la votación de los diputados de ambos partidos ha vuelto a poner de manifiesto que la derecha suma en Extremadura.

Todo, en plena negociación por los presupuestos regionales para 2026 y después de que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunciase que convocaría elecciones de no sacar las cuentas de la región, que ya fueron prorrogadas en el presente curso. En este sentido, Fernández Calle ha tendido la mano a los populares: «Si quieren hablar con nosotros tienen la mano tendida para todo, pero tenemos que hablar de todo, también de lo que no les gusta a ustedes, y sobre todo tienen que cumplir con su palabra».

El diputado socialista José Ramón Bello ha tachado de «rodillo ideológico» la nueva norma que considera «revanchista, ambigua e injusta»: «No aporta nada, no es una prioridad para casi nadie y es un verdadero retroceso para quienes de verdad nos comprometemos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», decía. Considera Bello que la ley de Concordia «equipara víctimas y verdugos».

En este sentido, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar la norma al Tribunal Constitucional, prometiendo, además, que, si gobierna, la derogará. Unidas por Extremadura también deposita sus esperanzas en el Constitucional que, creen, «tumbará» la nueva ley.