Juristas ven «uso espurio» y fraude en el aforamiento de Gallardo, procesado junto al hermano de Sánchez

«No tengo que salir corriendo a una institución para aforarme», decía hace solo unos meses Gallardo en una entrevista radiofónica. Ahora, semanas después de que la juez haya apuntalado los indicios contra él, y cuando está a las puertas del banquillo, es precisamente lo que hace, y eso denota el «uso espurio» y descarado que el socialista ha hecho de esta figura, consciente de que su maniobra va a abocar muy probablemente a que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura el que tenga que asumir la causa arrastrando al hermano del presidente del Gobierno pues es difícil separar los hechos por los que ambos están encausados.

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Precisamente esa conexidad de los delitos haría la causa inescindible: hay un acuerdo de voluntades que conducían a dar la plaza al músico. Así lo reconoce el abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante Bernardo del Rosal en conversación con ABC, para quien las conductas de Gallardo y Sánchez no se podrían contemplar «de forma aislada». Considera que aunque la conexidad «no son Matemáticas», una vez que Gallardo tome posesión la juez no tendrá más remedio que remitir el asunto al TSJ. Lo único que podría evitar esa remisión es que el político no se afore, algo que sólo se conseguiría si los diputados de la Asamblea extremeña que tienen que dejar correr sus puestos lo impiden –ya se ha visto que no es el caso– o si antes de que lo haga se ha abierto ya juicio oral. Es en ese momento en el que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que el que no es aforado se acoja a esta figura y que el que lo es deje de serlo a efectos de evitar que sea un tribunal concreto el que le juzgue.

En cualquier caso, y aunque sí se puede hablar de fraude en el sentido coloquial de la palabra no se puede decir que sea un fraude de ley, recalca del Rosal, en el sentido de desde el momento en que la ley permite este peregrinaje judicial no hay norma que se quebrante. Cuestión distinta es que haya que dar una vuelta a los aforamientos ante el «uso torticero» que los políticos están haciendo de él.

El aforamiento, dice el jurista, estaba pensado para proteger a altos cargos de la amenaza y exposición a denuncias o querellas interesadas y en muchos casos infundadas, pero ahora estos aforamientos se han extendido de forma preocupante, una inquietud que ha expresado el propio expresidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena.

Coincide con esta opinión el también catedrático de Procesal de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Chozas, que ve en la conducta de Gallardo un «claro abuso de derecho». El jurista llama a hacer una reflexión sobre hasta qué punto puede elegir un político qué tribunal quiere que le juzgue y «jugar» de esta forma con los tiempos de la administración de justicia, pues no hay duda de que este movimiento ralentizará la causa mientras se resuelve la competencia.

Chozas explica que la jurisprudencia entiende que el órgano competente para el aforamiento «debe extender su conocimiento sobre los no aforados cuando separar los procesos conlleve una división de la continencia de la causa que entrañe el riesgo de sentencias contradictorias y dificulte la investigación y enjuiciamiento de una realidad fáctica compleja que debería acometerse de forma conjunta».

Sería paradójico que dos personas involucradas en un presunto tráfico de influencias, por ejemplo, fueran juzgadas por dos tribunales distintos con fallos opuestos.