El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Once personas, entre ellas el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo a raíz de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 y la posterior llegada al ente provincial de Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo íntimo de Sánchez.

De esta manera, el juicio se celebrará mes y medio después de que Gallardo encare, como candidato y número uno del PSOE, las elecciones del 21D en Extremadura. La maquinaria socialista tendrá que trabajar en una campaña electoral previa a que su líder tenga que sentarse en el banquillo de los acusados con una posición de extrema fragilidad dentro y fuera del partido. Los sondeos que se manejan, hasta la fecha, en la región apuntan al peor resultado del PSOE en una región que ha sido, históricamente, uno de los grandes bastiones socialistas.

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La Audiencia Provincial de Badajoz respeta, con esta decisión, los tiempos del proceso electoral, alejando la sombra de un lawfare que, a buen seguro, hubiese sido argumento de campaña de los socialistas.

Una vez celebradas las elecciones, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tendrá 15 días para publicar el decreto de constitución de la Asamblea. Una vez publicado el decreto, habría otro plazo de 15 días para la constitución, con que, la cámara regional debería estar en funcionamiento, como muy tarde, el 20 de enero. Miguel Ángel Gallardo será diputado electo en el momento de sentarse en el banquillo de los acusados.

Si no hay ningún giro inesperado antes del 9 de febrero, el juicio coincidirá con las negociaciones de los partidos para la investidura, si es que la popular María Guardiola no logra la mayoría absoluta, que está en 33 escaños.

En junio de 2024, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez en la que se acusaba a la Diputación de Badajoz, presidida por Miguel Ángel Gallardo, de haberle «enchufado» por su relación fraternal con el hermano del presidente del Gobierno.

Arrancó así un largo y minucioso proceso de instrucción que concluía esta semana, tras recibir la juez Biedma los escritos de defensa de los once investigados a los que procesó por entender que hay indicios suficientes para tener que esclarecer si hubo o no algún comportamiento delictivo en la contratación de Sánchez y de su amigo Carrero.

El caso adquirió todavía más presencia mediática cuando Miguel Ángel Gallardo, ya secretario general del PSOE a nivel regional, forzó su entrada en la Asamblea de Extremadura, previa renuncia de 5 compañeros, para lograr condición de aforado. Un aforamiento que terminó tumbando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al considerar que Gallardo había cometido fraude de ley. Una sentencia que el líder socialista no recurrió.