La Fiscalía sale al auxilio del hermano de Pedro Sánchez y pide archivar la causa

Según ha podido confirmar el diario ABC, el Ministerio Fiscal no aprecia «indicios racionales de criminalidad» y entiende que los once procesados por la juez Biedma no deben sentarse en el banquillo de los acusados. En el amplio recurso, presentado en las últimas horas, la Fiscalía habla de «conjeturas e hipótesis» y sostiene que no hay fundamentos para concluir que el puesto de David Sánchez fue creado ad hoc por su parentesco con el presidente del Gobierno.

La fiscal cree que hay contradicciones entre los indicios que sustentan el procesamiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y otros hechos y datos que han quedado justificados y debidamente acreditados. Concluye, en el recurso, que «la imputación efectuada por la magistrada instructora no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad».

El escrito es especialmente contundente con la juez Biedma, de la que se dice que ha descrito de «modo no siempre fiel y completo» el resultado de las diligencias. Se habla del «carácter irracional de las inferencias realizadas» sobre el propio David Sánchez y otros de los acusados, además de una «falta de coherencia interna en los planos fáctico y jurídico» del auto del 28 de abril, en el que la juez procesó a once investigados.

Refiriéndose al puesto de trabajo y las funciones de Sánchez, la Fiscalía sostiene que «sí desarrolló las tareas inherentes a su puesto» y que, por tanto, «no existe ninguna duda de que no simuló el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente». La fiscal concluye que el hermano del presidente del Gobierno fue nombrado por «ser el candidato más idóneo».

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La fase final de la instrucción ha tenido dos grandes aristas: por un lado, la contratación del propio David Sánchez y, por el otro, la de su «amigo íntimo», Luis María Carrero, exasesor de Moncloa. Sobre esta segunda vía, la Fiscalía subraya que la juez se basa «en dos únicos indicios» para fundamentar posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias: la existencia de una «relación cercana» entre ambos y un correo en el que hablan de su incorporación antes de que Carrero fuese contratado.

Para la fiscal, pese a ambos indicios, es «carente de racionalidad» elevar a indicio de criminalidad la amistad entre Sánchez y Carrero. Defiende que las conversaciones entre ambos son «insuficientes» para deducir que la contratación del segundo fue ilícita. Ambos procesos de contratación son «transparentes y totalmente regulares», según el escrito.

La noticia no ha sorprendido precisamente a las acusaciones, que creen que la petición de la fiscal de Badajoz evidencia la «politización» de un Ministerio Público que, en muchos casos, «no se ajusta al Estado de Derecho». El sindicato Manos Limpias, que representa al resto de acusaciones particulares, dice estar estudiando la interposición de una querella contra dicha fiscal, quien es, en sus palabras, la «mejor abogada» del hermano del presidente y a la que acusan de «haber ocultado una denuncia que era una de las pruebas clave contra David Sánchez».

También ha habido reacciones en Extremadura, donde ha hablado el propio Miguel Ángel Gallardo. El presidente de la Diputación y líder de los socialistas en la región, considera que la Fiscalía viene a decir «claramente que no hay ningún indicio ni delito». Niega que esté contento: «Se ha hecho justicia en un caso que ha hecho mucho daño personal, pero, sobre todo, también reputacional», decía. Gallardo define como «cacería política» lo acontecido estos últimos meses y habla de «noticias falsas» de «pseudomedios que habían sido financiados previamente por la Junta de Extremadura con más de 70.000€»: «Ha sido un intento de destruir al adversario político».

La decisión de la Fiscalía ha sido notificada a las partes personadas. Fuentes jurídicas confirman que las Defensas pretenden adherirse al recurso. Todo, 24 horas después de que las acusaciones particulares, representadas por el sindicato Manos Limpias, pidiesen a la juez la apertura de juicio oral contra los once procesados y penas de cárcel para ocho de ellos.