La familia de Belén Cortés encara el juicio de los menores acusados de su asesinato: «Queremos cerrar esta etapa de sufrimiento»

El caso, de inmediato, adquirió un carácter mediático, copando portadas e informaciones de medios de todo el país por la dureza de lo sucedido y por cómo evidenciaba la desprotección de quienes, como Belén, se dedican a la educación y el trabajo social. Ella estaba sola aquella noche y ya había vivido episodios violentos anteriormente. Ahora, el caso entra en su recta final. Ya hay, como avanza el medio local El Periódico, fecha para el juicio, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.

La Fiscalía acusa a los tres menores de asesinato, además de robo con violencia. Dos de ellos, varones, son considerados por el ministerio público como autores materiales del crimen. La chica, la más mayor de los tres, es acusada como cómplice del crimen. Ellos se enfrentan a seis años de internamiento en régimen cerrado; ella, a cinco. En la misma línea, la acusación particular, que pedirá para ellos el máximo castigo amparado por la legislación vigente. Con este contexto encima de la mesa, el abogado de la familia, Raúl Montaño, se ha pronunciado en COPE. Admite que el entorno de Belén tiene «ganas» de que llegue el juicio para poder «cerrar una etapa de sufrimiento» y poder acabar este «calvario»: «Es una fecha que remueve todos los sentimientos...».

Ha pasado medio año desde la muerte de Belén. Son seis meses de «lucha interna», anónima, de su familia, que busca justicia y, sobre todo, que lo ocurrido con Belén no sea en vano, que no sirva «solo para realizar un juicio mediático» y que, como dice Montaño, «tenga sus frutos en una legislación actualizada» o que incluso pueda abrir el debate sobre la ley del menor. Sin duda, el entorno más próximo a Belén, consciente de lo que luchó y peleó por su profesión, desea que algo así «no vuelva a ocurrir» y las condiciones laborales mejoren definitivamente: «Que esas buenas intenciones se ejecuten con medidas efectivas».

Por su parte, los tres detenidos acumulan cerca de seis meses internos en el centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz, donde se han registrado más polémicas y nuevos intentos de agresión. Tras los trágicos hechos, se supo que dos de ellos, los dos varones, ya se habían escapado con anterioridad de los pisos tutelados. Compañeras de Belén reconocieron a posteriori que ya había habido problemas con los internos, como «robos o amenazas», pero que nunca «habían llegado a este punto».

De hecho, la familia del menor de 14 años -D.G.P.- pidió, días antes de la muerte de Belén, que los separasen. Afirmaban que la madre del otro menor de 15 años era quien les había dado cobijo en la primera de sus huidas, además de facilitarles la compra y consumo de drogas: «Les daba dinero para comprar y llegaba a consumirlas junto a ellos», denunciaba Fernando Cumbres, portavoz de la familia.

En la tarde del 9 de marzo, momentos antes de ser presuntamente asesinada, Belén Cortés intercambia mensajes con el padre de D.G.P. y hablan, precisamente, de la necesidad de separar a ambos menores. Las gestiones, asegura el portavoz de la familia, «iban a comenzar el lunes». Sin embargo, los mensajes cesaron en un momento de la noche, en el que entienden, empezó a ser atacada.

Los hechos provocaron un profundo shock, especialmente en Extremadura. Tanto que el ejecutivo autonómico tomó importantes medidas, apenas unos meses después de la muerte de Belén, aprobando un nuevo contrato relacionado con los hogares de inserción sociolaboral, que pasó de una inversión de 1,8 millones de euros a los 3,5.

Uno de los principales cambios que se introducían era la ampliación del número de profesionales con el objetivo de garantizar la presencia de al menos dos personas por turno durante las 24 horas del día, además de incorporar la figura del auxiliar de control educativo. Todos los hogares cuentan desde entonces con un sistema de alarma parecido a lo que se conoce como botón del pánico, para que la administración pueda dar una rápida respuesta ante cualquier situación de riesgo para la integridad física de los menores y trabajadores.