Un exsecretario de la Diputación de Badajoz habla de «lagunitas» en la modificación del puesto de David Sánchez

Uno de los interrogados, el ex secretario general de la Diputación de Badajoz, José María Cumbres, ha reconocido, según fuentes jurídicas, «pequeñas lagunitas» en el proceso de modificación del puesto del hermano del presidente. Aunque en un primer momento dice tener «dudas», acaba deslizando que lo «coherente» habría sido desgranar las funciones, anteriores y posteriores, al cambiar la nomenclatura del puesto, sobre todo, reconocía, tratándose de un contrato laboral de alta dirección.

Cabe subrayar que fue en 2022 cuando se produjo dicho cambio de nomenclatura por el que el hermano del presidente pasó de coordinar a los directores de conservatorio a dirigir la Oficina de Artes Escénicas. Esta modificación ya suscitó el interés de la juez, que ha requerido, momento, los detalles de aquel cambio.

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No obstante, Cumbres y el resto de altos funcionarios, ha defendido que el procedimiento se ajustó a la legalidad. También el antiguo reglamento de 2003 para relación de puestos de trabajo no era un «as bajo la manga» utilizado expresamente para esta situación. Fuentes jurídicas aseguran que el ex secretario general ha negado tajantemente que le llegase el «rumor» de que el puesto sería para David Sánchez, como si declaraban este martes los dos directores de conservatorio, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez.

Del mismo modo, han afirmado que la creación del puesto de Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que se intercambiaba correos con David Sánchez llamándole «hermanito», también se hizo conforme a la ley.

Junto a Cumbres, que fue secretario general de la Diputación cuando se otorgó el puesto a Sánchez, han declarado su sucesor en el puesto, Enrique Pedrero, y el interventor Luis Carlos Mancha.

Según informan fuentes jurídicas a ABC, las acusaciones han puesto el foco este miércoles en otros dirigentes del Partido Socialista de Extremadura, más allá del propio Miguel Ángel Gallardo -secretario general de los socialistas y presidente de la Diputación de Badajoz-, que está investigado. Se ha preguntado concretamente por el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y por el actual delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, que era, en aquellos momentos, alcalde de Don Benito. Los altos funcionarios han negado rotundamente que influyesen en el proceso.

Ninguno de los dos, ni Vara ni Quintana, están en la causa. De hecho, semanas atrás, el delegado del Gobierno ya pidió a la juez por escrito que aclarase que él no estaba siendo investigado, después de que algunos medios hubiesen relacionado su nombre con el proceso.

Por su parte, las acusaciones han coincidido en que las declaraciones de este miércoles «no le han venido bien» a las defensas. Entienden que todo lo defendido ante la juez por estos altos funcionarios se limita a la «legalidad formal». El abogado de Hazte Oír, Javier Pérez, iba en esa línea: «Ellos solo controlan la legalidad, no entran a valorar si los puestos eran o no necesarios».

También la abogada de Vox, Marta Castro, ha defendido esta postura, recalcando que la «conexión» Badajoz-Moncloa, entre David Sánchez y Luis Carrero, acerca el fin de la instrucción. Las acusaciones creen «imparable» la apertura de juicio oral.

Por lo pronto, el próximo 25 de abril, declararán ante la juez como investigados el propio David Sánchez, Luis Carrero, el líder del PSOE de Badajoz y jefe directo de Sánchez, Ricardo Cabezas, y otro alto funcionario, Manuel Candalija.