Un nuevo fraude de la formación en Extremadura salpica a UGT y CC.OO.

Para Anticorrupción hay indicios de falsedad documental y de un fraude en el cobro de ayudas que podría alcanzar los 2,4 millones de euros. Por este motivo ayer «judicializó» ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz las diligencias de investigación que inició el pasado año. Fue a raíz de la comparecencia del entonces director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) del Gobierno de Extremadura, Miguel Lozano, quien puso en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades detectadas en el proceso de justificación de gastos derivados de las ayudas que la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura destinó «a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados».

Según revela la Fiscalía en una nota dada a conocer ayer «se han detectado irregularidades diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de subvenciones, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad», de forma que los primeros son «muy superiores» a estos últimos. En la investigación han participado la Intervención General de la Junta de Extremadura -en funciones de auditoría-, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) -«suministrando los datos de contraste fiscal y tributario»- y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).