El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv en respuesta a las «calumnias» de Israel y el veto a las ministras Díaz y Rego

El Ejecutivo español tampoco está dispuesto a tragar con las acusaciones de «antisemitismo» y «corrupción» que Israel ha vertido sobre él este lunes por la mañana, después de que Pedro Sánchez compareciera en el Palacio de La Moncloa para anunciar un paquete de nueve sanciones contra el Estado judío en un ejercicio de presión sobre la Administración Netanyahu, la cual, en palabras del presidente, está perpetrando un «genocidio» en la franja de Gaza, cuya población está «exterminando». A fecha de hoy, ya suman más de 63.000 palestinos muertos -de ellos, aproximadamente 20.000 son niños-, según datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás.

«El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles», denunciaba el Ministerio de Exteriores, liderado por el socialista José Manuel Albares, en un comunicado anterior a la decisión de retirar a la cabeza de la delegación diplomática, emitido en respuesta a las declaraciones de Gideon Sa'ar, ministro de Netanyahu. El homólogo israelí de Albares ha anunciado este lunes, además, que tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con raíces palestinas, tienen, a partir de ahora, prohibida la entrada al país. Un veto que la líder de Sumar ha asumido, según ella misma ha dicho, con «orgullo» y refuerza, aún más, su tesis de que Madrid necesita romper de inmediato relaciones diplomáticas y comerciales con Tel Aviv. En cualquier caso, este último es un movimiento «inaceptable» a ojos del departamento de Exteriores.

Por ello, los de Albares se defienden y argumentan que la batería de sanciones anunciadas por el jefe del Ejecutivo en relación a la «inhumana situación en Gaza y Cisjordania» atienden al «sentir mayoritario de la sociedad española» y en este sentido, explican en el comunicado, se adoptan «en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional».

Frente a las acusaciones de antisemitismo, el Gobierno de España ha querido, además, recordar a Israel que en los últimos años se ha concedido la nacionalidad a 72.000 judíos sefardíes, «que ya son ciudadanos nuestros». También que condenó -al igual que ha vuelto a hacer el propio Sánchez en su declaración institucional de este lunes- el «horrible atentado» de Hamás del 7 de octubre del año 2023 y ha exigido «en todo momento» la liberación de los rehenes israelíes. «Este Gobierno está comprometido contra el antisemitismo y el racismo, y con un país en el que no cabe ningún tipo de discriminación», sentencian desde Exteriores.

Por último, ha querido defender la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, la única posible, según el presidente del Gobierno y según ha reiterado Exteriores, «para que convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad». Por todo ello, concluye el texto, se exige a Israel «el fin de la ocupación de la franja de Gaza y Cisjordania, el fin de la violencia desatada contra la población civil palestina y el fin del bloqueo humanitario en el enclave». Avisa, asimismo, Moncloa de que el Gobierno de Pedro Sánchez «no se dejará amedrentar».

Recordar que Israel no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de Sánchez en mayo de 2024, mientras que España sí que mantiene a la suya en Tel Aviv. Todo ello pese al reclamo del socio minoritario del Gobierno, Sumar, de retirar de inmediato a Ana Salomón, en el cargo desde 2021. Una exigencia que, por el momento, Sánchez no les ha concedido.